–La pregunta del Plebiscito “cercena promesa del Presidente de que el pueblo tendrá la última palabra”, aseguró el Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez Maldonado, quién agregó: “La pregunta habla de apoyar cuando había debido ser aprobar. Ese era el compromiso con los colombianos que tuvieran la última palabra y no se está cumpliendo”.

Los pronunciamientos los hizo Ordoñez Maldonado en una jornada de capacitación a personeros de los departamentos de Pasto y Putumayo, en donde advirtió que la pregunta del plebiscito genera muchas preocupaciones.

Una de ellas, dijo, es la que tiene que ver con que se estaría insinuando que el Acuerdo tiene efecto jurídico por sí mismo, lo cual contradice la sentencia de la Corte Constitucional que señaló que el acuerdo no tendría ningún poder vinculante y que debía hacer tránsito en el Congreso de la República y solamente comprometería y vincularía al Presidente de la República.

Por otra parte, declaró que “la pregunta habla de apoyar cuando había debido ser aprobar, ese era el compromiso con los colombianos que tuvieran la última palabra y no se está cumpliendo. Además, la Corte Constitucional lo dijo de una manera clara que aquí no se está discutiendo el derecho a la paz, lo que se debe discutir es si se está de acuerdo o no con el acuerdo entre Santos y alias Timochenko”.

Además, habló sobre el deber que tiene la Procuraduría de ejercer vigilancia y control para garantizar el voto libre y consciente de los ciudadanos en el plebiscito. Aseguró que cumplirá sus funciones constitucionales porque no puede pretenderse que haya ausencia de controles y que si no se respetan las normas “se está permitiendo que se haga trampa y eso afecta el sentido de la decisión”.

Recordó el procurador que la misma Corte Constitucional avala la intervención de los órganos de control con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos y “la Procuraduría ha intervenido, interviene y seguirá interviniendo para que los colombianos puedan ejercer de manera tranquila, consciente e informada el voto”.

De otra parte, Ordoñez Maldonado planteó: “Mi papel no es el de polemizar con los dirigentes de las campañas del sí o del no, mi tarea es clara en la Constitución, me corresponde vigilar la conducta de los servidores públicos en todos los casos, con elecciones o sin ellas, con plebiscito o sin plebiscito, con acuerdo con las Farc o sin acuerdo”.

“Me corresponde también defender los derechos humanos, entre ellos, el derecho al voto, en este caso, conforme a lo indicado por la Corte Constitucional, estoy obligado a velar por que ese voto sea resultado de una decisión ‘consciente e informada’”, agregó el jefe del Ministerio Público. “Para que el voto sea libre no puede ser objeto de campañas de confusión y de propaganda engañosa por parte de servidores públicos o del gobierno”, precisó.

Dijo que la Procuraduría hará cumplir el ordenamiento jurídico y la sentencia de la Corte Constitucional de forma estricta, “¿que no guste que ejerzamos nuestra función? ¡No estamos para gustarle a nadie!; sería muy grave que los controlados se sintieran cómodos con el órgano de control. Esta Procuraduría no ha sido un organismo de bolsillo de nadie, ni lo será frente al plebiscito”, ratificó el procurador.

De igual forma, sobre el mecanismo de consulta, señaló que “el plebiscito servirá para la paz si es legítimo y la legitimidad se deriva no solo de una mayoría en las urnas, sino del respeto a las reglas”, adicionando que el “resultado en un plebiscito tramposo no será legítimo, indistintamente que favorezca al sí o al no”.

El procurador le aclaró a todos los asistentes que “los servidores públicos pueden expresar si están de acuerdo con el sí o con el no, pero hay limitaciones” sobre estas, “en materia de bienes de uso público, salvo aquellos que se ofrecen en igualdad de condiciones; no pueden presionar a los contratistas; no pueden amenazar la estabilidad laboral; tienen la obligación de hacer pedagogía y explicar el acuerdo, pero que esto no se confunda con la campaña por cualquier opción”.

De otro lado, el procurador mostró su preocupación frente al manejo de la Jurisdicción Especial para la Paz porque “opera un desplazamiento de los órganos judiciales ordinarios y un desconocimiento a la seguridad jurídica, porque incluso las sentencias que estuvieran en firme y las penas que estuvieran en ejecución quedarían sin efecto respecto a quienes hayan cometido esa clase de delitos de vinculación con grupos al margen de la Ley. La Corte Suprema de Justicia, la jurisdicción ordinaria, incluidos los órganos de investigación, el Consejo de Estado y los organismos de control quedan desplazados frente a las decisiones que afecten a las personas que tengan este género de vinculaciones y que vayan a ser sujeto de investigación por la JEP”.

Sobre la comunicación que envió al Consejo Nacional Electoral para que investigue y esté atento a las campañas del “Sí” y del “No”, con el fin de que no haya publicidad engañosa y no se insinúe que se está discutiendo el derecho a la paz, el jefe del Ministerio Público afirmó que “la Procuraduría, el Ministerio Público y los entes de control harán respetar las normas, gústele a quien le guste”.

De otro lado, se refirió a la carta enviada por el expresidente Álvaro Uribe para que intervenga en el caso del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias y dijo que recibió la misiva, está evaluando la intervención que se puede hacer en la materia y pronto tomará decisiones al respecto.