Ángela Marcela Castillo Herrera, ex asesora jurídica de Hollman Morris cuando era gerente de Canal Capital, fue precisamente la abogada encargada de participar en la elaboración del pliego de cargos que la Personería le indilgó a la comunicadora Claudia Palacios.

La abaogada Castillo Herrera fungió como asesora de Morris en temas relacionados con contratación desde noviembre del 2013 hasta junio de 2014, y es misma abogada que revisó el proceso por la vinculación de Palacios a Canal Capital, y por su elevado salario.

Castillo Herrera apenas entró a trabajar a la Personería, el pasado 12 de mayo, para apoyar todos los procesos disciplinarios.

En su propia hoja de vida, Castillo Herrera señala que trabajó bajo la gerencia de Morris en Canal Capital. “Me d??esempeñé como asesora externa de la gerencia, especialmente en temas de contratación, absolviendo consultas y emitiendo conceptos, realizando apoyo y acompañamiento en los procesos contractuales de la entidad”, escribe la abogada en su perfil.

Por su parte, Helmut Vallejo, coordinador disciplinario de la Personería, señaló que la abogada no incurrió en ninguna falta disciplinaria, ni su pasado en el Canal Capital afectaría el proceso contra el gerente de Canal Capital, pues el pliego de cargos lo firma un personero delegado y no directamente la abogada.

La Personería de Bogotá también explicó las razones del llamado a una audiencia verbal al gerente del Canal Capital, Darío Montenegro, por haber contratado a la periodista Claudia Palacios, con un salario superior al del directivo.

Según Helmud Vallejo, coordinador del Eje Disciplinario de la Personería, el llamado se hace para el gerente Montenegro que devenga $20.2 millones mensuales, contrató a una periodista por un salario mensual de $34.8 millones.

“Luego de adelantar una investigación previa, la Personería encontró que se suscribió un contrato con una persona natural para el apoyo periodístico por un valor que excede el salario del gerente del Canal Capital y con ello lesiona principios como los de la austeridad y el gasto público”, sostuvo Vallejo.

Dijo además que en el caso de Montenegro, el funcionario tenía que apegarse a la ley y la Constitución, “pese a lo altruista que fuera esta decisión”, al contratar a la periodista por el salario fijado, cercano a los 35 millones de pesos.

“La Personería está solicitando esta explicación y el señor Montenegro tiene que darla a la a la luz de un proceso disciplinario”, expresó Vallejo.