En sentencia de la sala octava de revisión de la Corte Constitucional, se ordena la creación de políticas públicas para beneficiar con viviendas a las víctimas de violencia de genero extrema en Colombia.

Según la Corte Constitucional este mecanismo garantizar la igualdad de la población en condición de vulnerabilidad: “pues otorga un trato diferente a aquellos que son diferentes, pretendiendo hacer efectivos los derechos de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad”.

Con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, se llevó a cabo el estudio del caso específico de una mujer desplazada y víctima de ataque con ácido sulfúrico, a quien se le negó el acceso a una vivienda de interés social.

Al respecto la corte señaló: “y al no ser incluida en las convocatorias para la asignación de subsidios de vivienda por la entrega tardía de los documentos requeridos para ello”.

Lo que hizo el alto tribunal fue amparar su derecho a una vivienda digna, por lo que le ordenó al Fondo nacional de vivienda, Fonvivienda, y al Departamento Administrativo para la Prosperidad, que le otorguen un lugar donde vivir con sus hijos.

La Corte dijo: “Las políticas públicas en materia de subsidios de vivienda si bien tienen en cuenta poblaciones en condición de vulnerabilidad, no han incluido a las víctimas de la violencia de género extrema, para quienes también cobra gran importancia que existan acciones afirmativas que permitan el desarrollo pleno de sus derechos, puesto que como consecuencia de los crueles actos de violencia que padecieron quedan en situación de desigualdad”.