El representante Mathiasen precisó que estas leyes deberían encaminarse a carteles y delitos como tal, pues se está pensando en tener un trato diferente a un eslabón débil en el narcotráfico a tener un trato más contundente y firme con los eslabones más fuertes.
“Aquí estamos hablando de proporcionalidad, es decir, en tener un trato diferente al eslabón pequeño frente al trato que debería dársele al eslabón más fuerte de esta actividad”, explicó el representante Mathiasen, en el marco del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, donde se dio a conocer la gestión del programa Negocios Responsables y Seguros, que fue liderado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (UNODC), la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Ministerio de Justicia.
Dicho proyecto de excarcelación fue presentado el pasado martes por parte del Ministerio de Justicia, en el que pretenden que los campesinos que tengan cultivos de entre 18 metros cuadrados y 3,8 hectáreas de coca; 18 y 84 metros de marihuana y 0,8 y 3.840 metros cuadrados de amapola, estarían exceptos de ser judicializados.
Por esta conducta de cultivos ilegales, la justicia prevé una pena que va entre seis y 12 años a entre uno y cuatro años, lo que convierte el delito en excarcelable.
Frente, a esta iniciativa el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Mprtínez, advirtió que este proyecto le estaría dando a los grandes narcotraficantes la oportunidad para que se dediquen al “pitufeo” en los cultivos y así evadan la acción de las autoridades.
Para el ponente, esta iniciativa formaría parte de lo acordado en las negociaciones en la Habana, para que estos beneficios se cumplan por un año, tiempo en el cual los cultivadores deben manifestar su intención de terminar con la actividad ilegal y acogerse a los programas de sustitución de cultivos, como explicó el presidente Juan Manuel Santos desde santa Marta.
Pero de llegarse a cumplir este proyecto en el cual Santos señala que beneficiaría a cerca de cien mil campesinos, la cifra de cultivos ilegales se triplicaría a las cifras actuales, porque al multiplicarlo por las 3.8 hectáreas, seis meses después de ejecutarse, la cifra se elevaría a 380 mil hectáreas de plantas de coca cultivadas.
