Un país es considerado en cesación de pagos o ‘default’ cuando incumple total o parcialmente con sus acreedores. Estos pueden ser locales o extranjeros, e incluso organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el caso de Venezuela, lo que está en juego son créditos de inversores privados. Caracas debía pagar este lunes 200 millones de dólares de rendimientos de dos bonos con vencimiento en 2019 y 2024.

El pasado viernes tenía que cancelar otros 81 millones de un papel de su petrolera PDVSA. Mientras, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), que agrupa a tenedores de deuda, evalúa si hubo un cese de pagos de un bono de PDVSA por 1.161 millones de dólares (capital e intereses), para así activar el pago de seguros.

En lo que queda de 2017, Venezuela tiene otros vencimientos por unos 1.470 millones de dólares, y el año entrante deberá pagar unos 8.000 millones de dólares. Actualmente sus reservas son de 9.681 millones de dólares. Los ‘default’ no son inusuales: desde 1999 hubo 26 en todo el mundo, según S&P Global Ratings, y algunos países enfrentaron esa situación más de una vez.

Para un país en ‘default’, la primera consecuencia es que se convierte en un paria de los mercados financieros internacionales. No consigue créditos y si lo logra es a tasas astronómicas. En el caso de Caracas, además, el gobierno de Estados Unidos prohibió en agosto transar nuevos bonos de deuda de Venezuela y de PDVSA.

Los acreedores, a su vez, pueden eventualmente embargar activos en el exterior. Para Venezuela, lo más importante es la compañía Citgo, con sede en Estados Unidos, que refina y comercializa gasolina en ese país.

Entre los principales acreedores de Venezuela están China y Rusia, pero también inversores, la mayoría de Estados Unidos, seducidos por los elevados rendimientos prometidos por Caracas dado lo mal considerada que está su deuda.