Con el objetivo de que más regiones en el país estén más conectadas; haya una mayor articulación en los sistemas masivos y estratégicos del país; los proyectos 4G tengan sus cierres financieros y puedan concluirse en el menor tiempo posible, para acortar distancias, ahorrar tiempo y las familias colombianas puedan movilizarse mejor, el Ministerio de Transporte trabaja sin descanso, desde hace 6 meses, en crear las condiciones y sentar las bases para que la transformación del sector sea una realidad.

Las tareas encomendadas por el Presidente de la República, Iván Duque, tanto a la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, como a sus viceministros de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, y de Transporte, Juan Camilo Ostos, para lograr una mayor Equidad cuenta ya con hechos concretos.

Hacia un transporte legal

Por primera vez, se está articulando el trabajo con los Sistemas Integrados de Transporte Masivo y Sistemas Estratégicos de Transporte Público de 15 ciudades del país. El compromiso por tener sistemas óptimos que contribuyan con el desarrollo de las ciudades, hoy son una realidad con inversiones en Neiva por un valor de $38.431 millones y las aprobadas para Sincelejo ($38.288 millones) y Montería ($14.317 millones).

Las 6 mesas regionales con transportadores, que se realizaron en Cali, Barranquilla, Villavicencio, Leticia, Medellín y Sogamoso, con representantes de empresas, gremios y organismos de tránsito de 33 regiones del país y en el que se plantearon los planes de trabajo para transporte de carga, férreo, fluvial, terrestre, mixto, intermunicipal, especial e individual, logró un consenso para construir un modelo fundamentado en la legalidad y en el fomento de la competitividad y desarrollo nacional. Este año ya están convocadas 2 nuevas mesas regionales en el Eje Cafetero (13 y 14 de marzo) y Magdalena (10 y 11 de abril).

“Desde el Primer momento en que llegamos al Ministerio de Transporte seguimos la instrucción del Presidente Iván Duque en darle a los colombianos más conectividad, concluir las obras y generar condiciones de competitividad para el sector. Hemos avanzado en ese propósito y no hay vuelta atrás en la transformación del sector para conectar y movilizar a más colombianos. Queremos contribuir a tener un modelo más competitivo, eficiente y equitativo, que esté siempre a favor del transportador y de los usuarios», expresó la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

En cuanto a la ampliación del término del vencimiento de ‘1 a 1’ en materia de desintegración, se logró ampliar el plazo del Decreto 1517 hasta el 30 de junio de 2019, con el fin de construir un programa mucho más ambicioso y que todos los transportadores, sin excepción, se sientan incluidos. En ese sentido se presentará un nuevo programa de desintegración vehicular que garantice la renovación del parque automotor, con beneficios para los transportadores, ofreciéndoles la oportunidad de acceder a créditos blandos y exenciones tributarias, garantizando su competitividad y eficiencia.

Con la firme determinación de luchar contra la ilegalidad en el servicio de transporte de carga se publicó el primer listado de los vehículos que han sido marcados en el RUNT y en la plataforma del Registro Nacional de Despachos de Carga como mal matriculados.

Otro hecho concreto en este periodo fue haber incluido en la Ley de Financiamiento, beneficios para el sector, creando las condiciones tributarias para que los transportadores puedan desarrollarse y generar valor agregado al crecimiento del sector y la economía nacional. De esa manera se contribuye a tener un modelo más competitivo, eficiente y equitativo, que esté siempre a favor del transportador y los usuarios. También se ha logrado mejorar la conectividad de regiones apartadas del país como el Amazonas, estimulando la llegada de nuevos vuelos para que cada vez sea más fácil su accesibilidad por parte de cualquier colombiano.

Transparencia en las obras, un hecho

La creación de una Sala de Reactivación Económica para los proyectos de concesiones viales 4G, para resolver los problemas y cuellos de botella que afectan a cada uno de los mega proyectos de infraestructura, así como la puesta en marcha del Gestor de Proyectos de Infraestructura (GPI) el cual permite recolectar, almacenar y procesar la información de los proyectos en todo el país, garantiza la ejecución y transparencia de las obras.

A esto se suma la instalación de veedurías ciudadanas en Villavicencio, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Neiva, Medellín, Cali y Bogotá; para que la comunidad pueda hacer vigilancia de las obras y realizar seguimiento a los principales proyectos del país.

Como resultados específicos, en este periodo, se impusieron multas al concesionario Aliadas para el Progreso S.A.S., en el proyecto de Santana – Mocoa – Neiva, con ocasión de ausencia de fondos a las subcuentas del Proyecto e incumplimientos en el mantenimiento y monitoreo de sitios inestables por un monto superior a $24 mil millones de pesos.

Para culminar con las obras pendientes en el Cruce de la Cordillera Central, se abrieron tres licitaciones que se cierran el próximo 14 de febrero y se concedió un Evento Eximente de Responsabilidad (EER) al Concesionario del proyecto Bucaramanga – Barranca – Yondó por la falta de pronunciamiento sobre la modificación de una licencia ambiental en octubre de 2018, lo que permitió que el Concesionario lograra cierre financiero.

Otro de los hechos concretos del sector, es el que está llevando a cabo la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Concesionario con el apoyo las autoridades ambientales para un nuevo trazado en la variante de Choachí en el proyecto de Perimetral de Oriente de Bogotá, el cual no tenga afectaciones ambientales.

Después de dos años de estar atrapado en tribunal de arbitramiento, el Gobierno del Presidente Duque logró destrabar el Proyecto Villavicencio – Yopal, dando así inicio a la obras el 13 de noviembre de 2018 con la firma del Acta de Inicio, y el reconocimiento de $4.000 millones por parte del Concesionario a la ANI mediante el Otrosí 3, recursos que serán reinvertidos en el proyecto.

En la vía Bogotá – Villavicencio se suscribió contrato de transacción por los perjuicios que la ANI considera causados, derivados por la no entrega oportuna de las obras correspondientes al “Viaducto Atirantado Chirajara”, por un valor de $8.350 millones. Adicionalmente, allí se compromete a entregar el nuevo puente Chirajara en el término de 27 meses.

Finalmente, se logró fortalecer la estructuración de la nueva APP del Río Magdalena y el Canal del Dique, que permita la navegabilidad en condiciones ambientalmente sostenibles y viables financieramente y se reactivó el multimodalismo con la operación permanente en la línea férrea desde La Dorada, Caldas, hasta Santa Marta, logrando un trabajo conjunto para transportar carga por todo el corredor férreo.