–Colombia ocupa el quinto lugar en América Latina en el Índice Global de Impunidad 2017, sólo detrás de Venezuela, México, Perú y Brasil, y el octavo en el ámbito internacional de los 59 países que se pudieron medir. La impunidad es un fenómeno que se presenta en niveles elevados en Colombia, el 57% de departamentos se clasifica en un nivel alto o muy alto de impunidad y sólo el 9% se encuentra en un nivel bajo.

El Índice Global de Impunidad Colombia 2019 es un instrumento cuantitativo para medir la impunidad en el ámbito subnacional de los departamentos y territorios de Colombia. Tiene como base metodológica al Índice Global de Impunidad (IGI) elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla, México (que comenzó con este proyecto en 2014).

Hay algunas grandes conclusiones producto de este estudio. Por una parte, las economías ilegales asociadas a la producción de cocaína, la extracción ilícita de minerales y otros recursos naturales son probablemente una de las variables más importantes que explican el fenómeno actual de la impunidad en Colombia. Además, la desmovilización de las Farc-ep ha provocado que otros movimientos guerrilleros tradicionales como el Eln y grupos neoparamilitares ocupen territorios y espacios criminales, provocando el incremento de diferentes tipos de delitos en el territorio colombiano y, en consecuencia, elevando los niveles de impunidad en algunos departamentos.

Otra conclusión de este Informe Global de Impunidad Colombia 2019 es que existe una concentración atípica de personal de la Fiscalía General de la Nación y la Policía nacional en departamentos productores de petróleo y con presencia de actores armados organizados. Lo anterior no guarda igual relación con el número de delitos en los departamentos. Adicionalmente, existe una concentración atípica de delitos en los departamentos con mejor desempeño en el índice de acceso a la justicia, elaborado por el DNP, entre ellos Cundinamarca y San Andrés.

En contextos de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, como en Colombia y México, las historias de impunidad salen a la luz pública cada día. Y aunque es innegable la responsabilidad de las instituciones estatales en la perpetuación del fenómeno, también es cierto que –dada la magnitud y frecuencia de los delitos– la configuración actual de los sistemas penales de justicia ordinaria (orales, inquisitivos y mixtos) parecen estar fracasando en la reducción de los niveles de impunidad, no sólo en el sentido del castigo de los responsables, sino también en el esclarecimiento de los crímenes (derecho a la verdad), la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas, que, contrario a lo que se cree, no sólo son estándares de la justicia transicional sino de todos los sistemas
de justicia.

Como explica León Valencia, director de Pares, «Es claro que el fenómeno de la impunidad es la fuente de las conductas antisociales que nos afectan como ciudadanía día tras día: la corrupción, inseguridad y violencia se perpetúan y propagan por la falta de castigo a los individuos que las comenten. Según ONU-Mujeres, en Colombia, por ejemplo, sólo el 13% de los feminicidios llega a una condena; en el caso de la desaparición forzada, según el Movice, de los ochenta mil casos reportados al 2018 se había investigado apenas 7,700 y, de éstos, sólo 337 tuvieron una sentencia condenatoria. Es decir que el 99.5% se encuentran sin resolver.»

En el caso del hurto, otro de los delitos más frecuentes en el país, además de los altos niveles de impunidad, de los más de 240,000 capturados en 2017 «91,423 ya habían sido arrestados entre dos y nueve veces. Cerca de un centenar tienen el impresionante récord de haber sido apresados cometiendo delitos entre 41 y 70 veces».

Justamente, la generalización de la impunidad en Colombia y las similitudes con el caso mexicano llevaron a Pares y a la Universidad de las América Puebla a implementar el Índice Global de Impunidad para Colombia (IGI-COL 2019), que tiene como objetivo evaluar estadísticamente el fenómeno de la impunidad a nivel subnacional desde una perspectiva integral, no sólo como medición del castigo de los delitos sino como una cadena de eventos que comienzan al momento de la comisión de un delito y termina en la reparación de la víctima, pasando por un proceso de denuncia, esclarecimiento de los hechos y enjuiciamiento de los responsables.

El proceso de construcción del índice fue, en sí mismo, una evaluación del fenómeno de la impunidad en Colombia. El primer paso, la consecución de las cifras, nos llevó a la conclusión de que en el país aún prevalece la impunidad estadística. A la falta de transparencia de las instituciones de seguridad y justicia en la publicación de los datos –que son por naturaleza públicos y que permiten la veeduría ciudadana sobre su labor– se suma que, para algunos departamentos, en especial los de las regiones Orinoquía y Amazonía, los datos ni siquiera son reportados.

En Colombia, según el Índice Global de Impunidad 2019, son 16 departamentos los que se encuentran por encima de la media nacional, Sucre encabeza el listado con 75.93 puntos, y entre los 17 que están por debajo de la misma, Tolima es el departamento con menor impunidad con 36.39 puntos. La mayor responsabilidad de la presencia del fenómeno de la impunidad recae en las autoridades nacionales y no en las locales: la Policía nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial a través de los tribunales y el sistema penitenciario, principalmente.

Los departamentos y territorios con muy alta impunidad según el IGI-COL son: 1) Sucre, 2) Norte de Santander, 3) Guaviare, 4) Meta, 5) Cundinamarca, 6) Huila y 7) Arauca. Los departamentos y territorios con alta impunidad según el IGI-COL son: 8) Magdalena, 9) Cauca, 10) Bolívar, 11) Nariño, 12) Guainía, 13) Vichada, 14) Putumayo, 15) Chocó, 16) San Andrés y Providencia, 17) Valle del Cauca, 18) Cesar y 19) Caquetá.

Los departamentos y territorios con impunidad media según el IGI-COL son: 20) La Guajira, 21) 8 índice global de impunidad de colombia (igi-col) 2019 Atlántico, 22) Boyacá, 23) Antioquia, 24) Casanare, 25) Amazonas, 26) Córdoba, 27) Bogotá, 28) Santander, 29) Quindío y 30) Risaralda. • Los únicos dos departamentos con bajo nivel de impunidad son: 31) Caldas y 32) Tolima. El territorio de 33) Vaupés es considerado como un caso atípico porque los datos estadísticos no reflejan la realidad debido, principalmente, a la ausencia de cifras en algunas de las variables y a la inexistencia de centros penitenciarios en su jurisdicción. Al igual que otros departamentos de su grupo, la impunidad en este departamento podría ser catalogada como impunidad estadística.

Sucre, medalla de oro de la impunidad nacional

Sucre es el departamento con mayor impunidad en el país, encabezando el ranking general y el de su grupo. El componente que más aporta a dicho desempeño es el funcional del sistema de seguridad, seguido muy de cerca del funcional de justicia. Frente a este último, Sucre es el tercer departamento con mayor número de encarcelados sin sentencia en primera instancia y el segundo en causas penales entre investigaciones. Asimismo, su porcentaje de encarcelados entre averiguaciones previas es muy bajo, al igual que el personal destinado a labores de seguridad pública.

Este departamento continúa con la tendencia de la recurrencia en crímenes como el hurto a personas y lesiones personales, las cuales representan un 26.7% de la totalidad de crímenes registrados y responden a los patrones de criminalidad común. No obstante, en este departamento la amenaza sigue muy de cerca y se ubica en la tercera posición de recurrencia con 1,131 registros que puede responder a la presencia de distintos actores armados, lo que igualmente indicaría un registro alto y negativo en la cifra negra por la cantidad de denuncias que no llegan a ser formuladas antes los entes investigativos.

Para 2018 se registraron 17,038 delitos y 12,812 (75.2%) se reportan en indagación, pero tan sólo 1,621 (9.5%) se encuentran activos y avanzando de manera efectiva. Sólo 148 casos llegaron a la etapa de investigación divididas en 103 activas y 45 inactivas. 464 delitos se encuentran en etapa de ejecución de penas y 1,195 personas se encuentran detenidas en las cárceles del departamento.

Tolima, campeón nacional contra la impunidad

Tolima es el departamento con menor impunidad en el país, seguido de Caldas. Los componentes funcionales de los sistemas de justicia y seguridad explican el resultado. Es uno de los departamentos con el menor porcentaje de encarcelados sin sentencia en primera instancia y uno de los que presenta mayor número de causas penales entre carpetas de investigación.

Según el Informe Global de Impunidad Colombia 20189 IGI, el porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas es atípico, estando muy por arriba del promedio nacional. Se encuentra entre los departamentos con mayor número de jueces y magistrados por habitantes, y el personal carcelario entre capacidad instalada es de los más bajos del país. Al igual que en otros departamentos con niveles aceptables de acceso a la justicia y confianza en sus instituciones, Tolima registra un número de delitos atípico, muy por encima del promedio nacional.

Para el departamento del Tolima, el hurto a personas y las lesiones personales son los dos principales delitos, esto corresponde al 27.7% de los 39,774 delitos que se registraron en el departamento. Posteriormente, y más relegados, se presentan los delitos de violencia familiar e inasistencia alimentaria y lesiones culposas por accidentes de tránsito.

Se presentaron 39,774 delitos. Del total de delitos, 27,194 (68.3%) se encuentran en indagación y tan sólo el 1.2% del total se está investigando. El porcentaje de estados activo, tanto de indagación como de investigación, se reduce aún más drásticamente alcanzando el 27.5% y el 0.8% respectivamente. Finalmente, del total de delitos llegaron a condena 1,694 delitos.