En una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), fueron capturados nueve presuntos integrantes de una red delincuencial conocida como ‘Los Mercaderes’, señalada de sustraer artículos aprehendidos y en custodia de las autoridades aduaneras.

Estas personas, al parecer, hurtaban mercancía que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) depositaba en las bodegas de una empresa encargada del almacenamiento en Risaralda.

Esta banda reemplazaba calzado, autopartes, licores y ropa deportiva por productos falsos. Los elementos que extrajeron, supuestamente, fueron vendidos en el mercado.

De acuerdo con el material de prueba, ‘Los Mercaderes’ realizaron estas maniobras ilícitas desde 2017. Los eventos documentados en el curso de la investigación superarían en valor los 500 millones de pesos.

El actuar delictivo de esta organización afectó los recursos públicos y generó daños antijurídicos a las autoridades aduaneras, que enfrentaron varias demandas. En muchos casos, los dueños de la mercancía almacenada habrían reunido los requisitos de ley y reclamaron sus productos para sacarlos a la venta; sin embargo, se dieron cuenta de que estaban incompletos o no correspondían a lo que importaron.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de: concierto para delinquir agravado, favorecimiento y facilitación al contrabando, y hurto agravado por la confianza y sobre bienes del Estado, cargos que fueron aceptados por ocho de ellos.

Los procesados son:

• Rubiel Antonio Colorado, alias Rubiel.
• Carlos Albero Isaza Ocampo, alias Carlos.
• Leonardo Fabio Bañol Grajales, alias Leo.
• Geovanny Henao Franco, alias Geovanny.
• Jesús Antonio Ruiz Rengifo, alias Toño.
• Diego Cardona Restrepo, alias Diego.
• Mauricio De Jesús Giraldo Garzón, alias Toño.
• Juan Felipe Bueno Garzón, alias Felipe.
• Nelson Javier Bautista Ospina, alias Nelson.

Por disposición del juez de control de garantías, uno de los imputados recibió medida no privativa de la libertad y los ocho restantes detención en el lugar de residencia, decisión que fue apelada, por el ente acusador, en uno de los casos por tratarse, al parecer, del cabecilla de la organización.