El presidente Ávaro Uribe, dijo hoy que su gobierno no entendería que 13 jefes de las milicias paramilitares de ultraderecha que extraditó en mayo a Estados Unidos por narcotráfico reciban penas benignas tras negociar con la justicia de ese país.

Uribe admitió su preocupación por las versiones que señalan que tras negociar con los jueces estadounidenses, esos jefes paramilitares, entre los que se encuentra Salvatore Mancuso, podrían recibir penas muy bajas.

“Queremos hablar con los países requirentes, especialmente con Estados Unidos, porque así como nos preocupaba en el pasado que fueran a imponer sanciones superiores a la pena máxima colombiana, ahora nos preocupa que vayan a imponer una pena prácticamente indulgente”, declaró Uribe a periodistas en el marco de una cumbre regional de 24 países del Caribe sobre la lucha antidrogas.

El abogado de Mancuso, el cubano estadounidense Joaquín Pérez, aseguró a fines de julio que su cliente había llegado a un acuerdo para colaborar con las autoridades estadounidenses.

A cambio, Mancuso podría recibir una sustancial rebaja de su pena, que podría llegar a 27 años de cárcel.

Mancuso y otros 12 jefes paramilitares fueron extraditados por el gobierno de Uribe, que consideró que estos dirigentes paramilitares continuaban delinquiendo desde la cárcel, donde estaban detenidos tras la desmovilización de su tropa.

Mancuso fue portavoz de las Autodefensas, que concluyeron la entrega de armas de unos 32.000 combatientes en abril de 2006, después de una negociación de tres años con el gobierno de Uribe.

Esa desmovilización se dio en el marco de una ley especial que les imponía penas de 8 años de cárcel como máximo, incluso por delitos de lesa humanidad, pero si confesaban todos los delitos cometidos y reparaban a sus víctimas.

Uribe decidió extraditar a esos 13 ex jefes de las Auc por-que, según argumentó, continuaban delinquiendo desde la cárcel y no estaban cumpliendo con los compromisos que les exigía esa ley a la que se habían acogido.