–La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada cancelo las licencias de funcionamiento de la Transportadora de Valores, Transval Ltda., y de la empresa de vigilancia y seguridad privada Provitec Litda, ambas ligadas al grupo DMG.

En el caso de Provitec, la Superintendencia negó por facultad discrecional la renovación de la licencia de funcionamiento, po cuanto William Suárez Suárez, primo del maximo dueño de DMG David Murcia, posee el 57% de las cuotas sociales.

En el caso de TRANSVAL Ltda., indicó que Provitec Ltda, cuenta con el 51% de la participación en el capital social.

Las decisiones fueron adoptadas por la SuperVigilancia, a través de las resoluciones 4951 y 4952 del 19 de noviembre de 2008, respectivamente, contra las cuales proceden los recursos de ley.

La Superintendencia indico que independientemente de las medidas administrativas asumidas en la fecha, el pasado 24 de septiembre la SuperVigilancia impuso una medida cautelar contra la empresa de vigilancia y seguridad privada Provitec Ltda., la cual fue confirmada mediante Resolución 4337 del 20 de octubre de 2008, ordenándole suspender de inmediato la prestación del servicio de transporte de valores al Grupo DMG, entre otros clientes, por no tener licencia para prestar ese servicio, para lo cual había subcontratado a la empresa transportadora de Valores TRANSVAL Ltda.

De la misma forma, la SuperVigilancia abrió pliego de cargos contra la empresa TRANSVAL Ltda., a través de la Resolución No.4920 del 14 de noviembre de 2008, por el incumplimiento de la Circular No 007 de 2006, a través de la cual se acogen los mecanismos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Esta última también está en proceso de notificación y proceden los recursos de ley.

Por último, la SuperVigilancia expidió la Circular Externa No. 036, en la cual les señala a las transportadoras de valores el deber de abstenerse de realizar operaciones con las denominadas “pirámides” y demás figuras a través de las cuales, de forma irregular, se captan masivamente recursos del público, en desarrollo de los decretos de Emergencia Social expedidos por el Gobierno Nacional.