Las plenarias del Senado y la Cámara aprobaron el acta de conciliación del proyecto de Ley que establece normas para la protección de discapacitados mentales y se establece el régimen de la representación legal de incapacitados emancipados. La ley tiene como objeto la protección e inclusión social de todos los discapacitados mentales o que adopten conductas que los inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad.

Igualmente, la norma establece la protección de los discapacitados mentales y les garantiza sus derechos fundamentales.»El término demente» que aparece actualmente en las demás leyes será sustituido por persona con discapacidad mental y en la valoración de sus actos se aplicará lo dispuesto por la presente ley, en lo pertinente», indica la nueva normatividad. En la protección y garantía de los derechos de los discapacitados, el proyecto establece que los colombianos tengan, respeto de su dignidad, su autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y su independencia.

Así mismo insiste en la no discriminación por razón de discapacidad, en la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, y en el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad mental como parte de la diversidad y la condición humana. Igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad mental, respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas y de su derecho a preservar su identidad.

Según el proyecto que está a punto de convertirse en ley de la República, son obligaciones de la sociedad y del Estado colombiano en relación con los discapacitados mentales, las siguientes:

Garantizar el disfrute pleno de todos los derechos de acuerdo a su capacidad de ejercicio.

Prohibir, prevenir, investigar y sancionar toda forma de discriminación por razones de discapacidad.

Proteger especialmente a las personas con discapacidad mental y crear medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real.

Establecer medidas normativas y administrativas acorde a las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de Derechos Humanos a favor de los discapacitados mentales y acciones necesarias para dar cumplimiento a los programas nacionales.

Fomentar que las dependencias y organismos de los diferentes órdenes de Gobierno trabajen en favor de la integración social de las personas con discapacidad mental.

Establecer y desarrollar las políticas y acciones necesarias para dar cumplimiento a los programas nacionales en favor de las personas en situación de discapacidad mental, así como aquellas que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos.