–A mil se eleva el numero de integrantes de las Fuerzas Militares y de otros organismos de seguridad, vinculados a procesos por los llamados “falsos positivos” y ejecuciones extrajudiciales, según lo confirmó la Fiscalía General de la Nación.

El organismo establecio que hasta diciembre del 2008 tenía a su cargo 848 casos, por el asesinato de 1.375 civiles, que fueron reportados como “guerrilleros o paramilitares muertos en combate”.

Del total de víctimas, 1.273 son hombres, 102 mujeres y 51 menores de edad, según el informe. De los 848 procesos, 768 son casos posteriores a 2004, y de ellos el mayor número fue denunciado en 2007, con 347.

El escándalo por los “falsos positivos” tomo especial relevancia en octubre de 2008, cuando se denunció la desaparición y muerte de por lo menos 20 jóvenes en el vecino municipio cundinamarqués de Soacha, al sur de Bogotá, cuyos cuerpos aparecieron en fosas comunes en el departamento de Santander.

Familiares de las víctimas aseguraron que sus muertes se produjeron uno o dos días después de ser reclutados para ir a trabajar a otras zonas del país.

Las primeras investigaciones llevaron al gobierno a ordenar la salida, el 29 de octubre, de 27 militares, entre ellos 3 generales, responsables de las unidades militares en donde se cometieron los crímenes.

Otros 13 uniformados fueron desvinculados de las filas el 16 de noviembre, y 11 más a finales de la semana pasada, por hechos similares.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, aclaró que «estos oficiales no están señalados por nosotros como responsables de nada criminal. Son casos de omisión, de falta de mando, de doctrina y de control», advirtio.

Santos también confirmó que el Ejército decidió desintegrar una brigada móvil que actuaba en el departamento de Norte de Santander, y dijo que los uniformados que la integraban fueron distribuidos en otras unidades militares.

Miembros de esa Brigada se encuentran involucrados en las desapariciones denunciadas en Bogotá, y varios de ellos fueron retirados dentro de la purga ordenada por el gobierno en octubre.

Solamente entre diciembre y lo que va de enero, la Fiscalía ordenó la detención de 17 militares a los que vinculó en procesos sobre muerte de civiles, al tiempo que formuló cargos como presuntos implicados en ese tipo de homicidios, contra otros 13 uniformados.

Sin embargo, el viceministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que no se puede cuantificar específicamente el número de militares que ha sido retirados exclusivamente por vínculos con las ejecuciones extrajudiciales.

«El gobierno ha tomado esas decisiones de manera discrecional», sin estar obligado a revelar las causas de los retiros, indicó.

Las cifras de víctimas podrían aumentar con algunos casos que investigan las fiscalías seccionales, señaló un funcionario del organismo.

LOS ULTIMOS 14 ASEGURADOS

Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió medida de aseguramiento, detención preventiva sin beneficio de ex carcelación, en contra de 14 militares adscritos al Gaula del Casanare, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, secuestro simple agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Los hechos investigados ocurrieron el 30 de marzo de 2007, cuando los hermanos Gustavo y Yefer Arialdo Mora Sanabria, de 15 y 20 años de edad, respectivamente, salieron de una finca del sector de Quebradanegra hacia el caserío Únete, área rural de Aguazul (Casanare), y en un restaurante veredal donde desayunaban fueron abordados por militares del Gaula, quienes, presuntamente, los sacaron del lugar y los asesinaron a menos de 600 metros.

En esa misma fecha, mientras viajaba en un bus intermunicipal que cubría la ruta Yopal-Sogamoso (Boyacá), fue ultimado William Martínez Suárez, de 16 años, quien fue bajado del vehículo en un retén del Ejército.

Los investigadores de la Fiscalía establecieron que las víctimas fueron presentadas por los militares como integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, muertos en combate durante la ‘Operación Marcial’.

Así mismo se determinó, que los occisos vestían ropas y botas de tallas mayores a las por ellos usadas, y que sus cuerpos fueron trasladados a la XVI Brigada sin los protocolos de necropsia, ni las correspondientes inspecciones de policía judicial.

De acuerdo con la providencia del fiscal instructor, la medida afecta a los soldados profesionales: José Alfonso Ángel Ortega, Darío González, Alfredo Colmenares Herrera, Humberto Guina Moreno, Genaro Vega Medina, Jairo Sánchez Ospina, y Yovany Murillo Criollo, quienes ya fueron capturados y se encuentran recluidos en la XVI Brigada de Yopal. Los restantes siete militares vinculados están en otras guarniciones y tienen en su contra sendas órdenes de captura.