En un proyecto de ley, con carácter de urgencia, que presentará la representante ante la Cámara, Lucero Cortéz Miranda, se buscará que el Estado destine cerca de 7 mil 500 millones de pesos para la defensa de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que se vean inmersos en demandas ante la Corte Penal Internacional.

La congresista indicó que el rubro de esta asignación presupuestal saldrá de los aportes que se obtengan desde las cooperativas y empresas privadas sin ánimo de lucro, así como de organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales e inclusive del mismo presupuesto nacional, con carácter voluntario como sucede de la misma manera con el Fondo de Asistencia Jurídica de las Fuerzas Militares.

Con estos fondos se prevé que cubra conductas contempladas por la Corte Penal Internacional como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, en las que puedan resultar involucrados directa o indirectamente miembros de la fuerza pública en actos del servicio,

La congresista Cortéz aclara que esta iniciativa no pretende establecer una impunidad, lo que se busca es facilitar el acceso a una defensa pronta, efectiva, técnica y especializada en las conductas en las que se ven inmersos, asegurando el respeto a la dignidad del acusado, protección a sus derechos humanos y a la garantía de los principios del derecho penal internacional.