El futuro de la gran base de datos sobre las infracciones de tránsito en el país en la que aparecen los morosos, queda en manos de la Corte Constitucional

Bogotá y la Federación Colombiana de Municipios se enfrentan hoy por el recaudo de los comparendos de tránsito en la ciudad.

La modificación del Código Nacional de Tránsito está a punto de ser firmado por el presidente Álvaro Uribe, mediante un proyecto de ley que definiría si sigue operando o no.

El Gobierno ya se mostró en contra de que el Simit siga funcionando, debido a la entrada en operación del Registro Único Nacional de Transporte (Runt). Para la Nación, se trataría de «una duplicidad innecesaria» y la llegada del Runt desplazaría al Simit y lo haría «inoperante».

De hecho, el gremio mantiene una dura polémica jurídica con la Alcaldía de Bogotá, pues el Distrito alega que no le debe transferir el 10 por ciento de las multas que los ciudadanos pagan a tiempo, sino aquellas que son recaudadas gracias al Simit y su lucha contra la evasión.

El secretario general de la Alcaldía, Yuri Chillán, señaló que confía en que el tribunal se pronuncie sobre el tema antes de enviar el proyecto a sanción del Presidente.

«Es inadmisible que coexistan dos sistemas con las mismas funciones, porque es inconstitucional e ineficiente y aumenta costos», dijo Chillán. «La Corte y la Nación ya objetaron que en ese proyecto de ley se les cobrara a los colombianos por un paz y salvo de tránsito y que la Federación invirtiera los excedentes que le quedan por la admnistración del Simit. Ahora falta este tema de la duplicidad», señaló Chillán.