El fiscal general encargado de Colombia, Guillermo Mendoza Diago, ordenó investigar a funcionarios judiciales por el vencimiento de términos que permitió que 31 militares implicados en ejecuciones extrajudiciales recuperaran la libertad.

«Se envió a la unidad especial que tiene la fiscalía para manejar ese tipo de comportamientos, para que informe y entregue las copias pertinentes para que se investiguen los hechos. Eso no significa que estemos inculpando de antemano», detalló Mendoza, fiscal interino desde hace unos seis meses.

El declaraciones a la página electrónica del diario El Espectador, el fiscal explicó que, aunque de momento no se está evaluando ninguna conducta punible, de existir irregularidades por parte de los funcionarios judiciales, puede abrirse una investigación por prevaricación.

Un total de 31 militares colombianos implicados en asesinatos de civiles recuperaron la libertad entre diciembre del año pasado y mediados de esta semana, en todos los casos por el vencimiento de los términos legales con los que contaban los fiscales investigadores para acusarlos de manera formal.

Los jueces que han tomado estas decisiones dicen que se habían superado los 90 días previstos en la ley para que la fiscalía llamara a los militares a juicio en una vista oral.

Esta medida se suma a la tomada el miércoles pasado por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que ordenó abrir investigaciones contra funcionarios judiciales que llevan los casos.

La puesta en libertad de 31 militares fue calificada por el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, como «escándalo internacional».

Los casos emblemáticos de los llamados «falsos positivos» ocurrieron en Soacha, una localidad vecina a Bogotá en la que fueron reclutados varios jóvenes que después aparecieron en fosas comunes del nordeste del país, sepultados como rebeldes muertos en combate, hechos que en el país se conocen como «falsos positivos».