La Fiscalía autorizó la destrucción de 3813 botellas de licor adulterado luego que se comprobara que éstas no eran aptas para el consumo y mucho menos para la distribución.

La acción fue tomada después de que el líquido se sometiera a estudios bioquímicos y se verificara a través de las etiquetas la no legalidad del licor.

Las botellas destruidas son las primeras de una serie de 28 mil 318 botellas que fueron incautadas por las autoridades durante 2009 en acciones en Soacha, Chía y Bogotá. Por ahora las botellas se mantienen aisladas en una dependencia de la Gobernación del Cundinamarca.