El gobierno colombiano activó la denominada Unidad de Reacción Inmediata Electoral (URIEL), a fin de lograr transparencia y atender oportunamente denuncias de conductas punibles que afecten los comicios venideros.

La Unidad es coordinada por la dirección de Democracia del Ministerio de Interior y Justicia, adscrita al Viceministerio del Interior, y depende de la comisión nacional para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales para los sufragios parlamentarios y presidenciales de 2010.

Al hacer el anuncio, el titular de Interior y Justicia, Fabio Valencia, señaló que URIEL tiene como objetivo atender en forma oportuna las denuncias que se formulen contra la pureza del sufragio.

Asimismo, la Unidad -acorde al decreto que la creó hace tres años- coordinará con las entidades competentes investigaciones penales, disciplinarias, fiscales y otras acciones públicas por infracciones durante el proceso electoral.

De acuerdo con Valencia, los ciudadanos pueden acudir a la URIEL para formular sus denuncias sobre irregularidades, anomalías o injerencias que se presenten, como consecuencia de la intervención de grupos armados u organizaciones delincuenciales que intenten presionar a la ciudadanía.

Agregó que esta Unidad está integrada, además, por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, de la Contraloría, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Procuraduría, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.

También hacen parte de ella representantes de la policía nacional y de las fuerzas militares, del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y de la Defensoría del Pueblo.

De otro lado, el gobierno consideró que URIEL se activó a tiempo, aunque en días pasados se denunciaron públicamente hechos de gravedad en algunas de las campañas al Congreso, como la compra de líderes y votos y un excesivo derroche de dinero.

En ese sentido, el candidato al Presidencia por el Partido Liberal, Rafael Pardo, afirmó que recibió varias quejas sobre la participación de algunos gobernadores en política, lo cual está prohibido por las leyes.

Asimismo, la organización no gubernamental MOE denunció recientemente que la compra de votos y otros delitos amenazan los comicios parlamentarios de marzo próximo en las regiones del país.

Los colombianos acudirán a las urnas el 14 de marzo próximo para elegir a 102 senadores y 166 representantes a la Cámara, además de cinco miembros al Parlamento Andino.

Posteriormente, los electores regresarán a los colegios el 30 de mayo para elegir al presidente y vicepresidente, y volverían a una segunda vuelta el 20 de junio en caso que ninguno de los candidatos alcanzará la mitad más uno de los votos válidos.