Esta semana será expedido el decreto que ordena el crecimiento de la ciudad dese la carrera séptima hasta los límites con chía

Se trata del Plan Zonal del norte, con una extensión de 2017 hectáreas

Cerca de 1.200 hectáreas ya están ocupadas por urbanizaciones, colegios, cementerios, clubes, entre otras infraestructura

Después de cinco años de discusiones, el alcalde Samuel Moreno decidió darle luz verde al Plan de Ordenamiento Zonal del Norte (POZ), que reglamentará el uso del suelo en el extremo norte de Bogotá.

Se calcula que se construirán cerca de 78 mil nuevas unidades de vivienda, 28 mil de ellas de interés social, es decir, con un precio menor a 70 millones de pesos.

De la misma manera, se buscará garantizar la construcción de Vivienda de Interés Prioritaria (VIP)- entre 30 mil y 50 mil unidades- que tiene un valor inferior a 36 millones de pesos y que deberá ser financiada conjuntamente por los particulares que ya están asentados en esa zona y los que llegarán a construir.

Igualmente, se habilitarán 40 kilómetros de nuevas vías, entre ellas, la Avenida Low Murtra, la Avenida El Polo (calle 220), la Avenida Paseo de los Libertadores y la Avenida Laureano Gómez.

La construcción de esta malla vial se financiaría a través de un nuevo cobro de valorización local, aseguró María Camila Uribe, secretaria de Planeación Distrital, durante una exposición en el Concejo de Bogotá.

Igualmente, se contempla destinar cerca de 300 hectáreas -de las 2.017- para el manejo ambiental del norte de la ciudad, que incluye el cuidado de humedales, rondas de ríos, quebradas y zonas de reserva.

Según Uribe, el Plan asegura el equilibrio ambiental ya que permite interconectar, a través de una franja ambiental, los cerros Orientales de Bogotá con el Río Bogotá.

Planeación Distrital calcula que el valor de las inversiones que se tendrán que hacer para dotar de servicios públicos (redes de acueducto, alcantarillado, energía y gas, entre otras), malla vial, parques, zonas verdes y el manejo ambiental de humedales y zonas ambientales, es de 1,5 billones de pesos.

Ese dinero deberá salir de los bolsillos de la Administración Distrital y de los constructores que van a desarrollar sus proyectos, a través de la figura de cargas y beneficios.