El presidente, Álvaro Uribe, autorizó las gestiones humanitarias que llevaron a un «pacto de no agresión» entre dos bandas de origen paramilitar que mantenían una cruenta guerra en Medellín, aseguraron hoy fuentes del comité civil que promovió la iniciativa.

El permiso presidencial para esta tarea fue informado después de que la llamada Comisión por la Vida revelara que dicho compromiso había entrado en vigor el pasado 1 de febrero, por acuerdo entre los líderes de las organizaciones enfrentadas.

«El presidente estaba informado, pero nunca hablamos a nombre de él ni de la alcaldía (de Medellín)», dijo el portavoz del comité, el historiador Jaime Jaramillo Panesso, en declaraciones a Caracol Radio.

Jaramillo confirmó la autorización presidencial luego de que el diario El Espectador publicara un mensaje en el que la Comisión de la Verdad hacía saber al alcalde de esa ciudad, Alonso Salazar, que había «recibido la aprobación del presidente de la República».

En respuesta, el alcalde escribió una semana después al comité que le parecía loable su empeño en contener la violencia en la ciudad, pero también le aclaró que este tipo de gestiones solo podían realizarse con aprobación presidencial.

La nota se remonta a finales de octubre del año pasado, época de la que data la iniciativa del comité, que el lunes informó en Medellín que las dos más importantes alas de la llamada Oficina de Envigado habían alcanzado un pacto.

La Oficina de Envigado tuvo como líder a «Don Berna», alias de Diego Fernando Murillo, ex jefe de la disuelta organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008.

El grupo criminal se escindió en bandas encabezadas por Maximiliano Bonilla («Valenciano») y Erick Vargas («Sebastián»), facciones que entraron en un cruento enfrentamiento al que las autoridades atribuyeron el incremento de los homicidios en Medellín, que en 2009 totalizaron 2.178 casos, más del doble de los registrados en 2008.

Jaramillo explicó a la misma radio que los grupos paramilitares urbanos se descompusieron con la ruptura de lazos y «por poder, orgullo del guerrero y venganza» entraron en guerra.

El portavoz del Comité por la Vida dijo que el «pacto de no agresión» se obtuvo tras gestiones en cárceles y calles, y atribuyó a este compromiso el descenso en los homicidios, que han pasado de una media diaria de ocho casos a una de tres.

Además de Jaramillo, el comité lo conformaron Francisco Galán, ex guerrillero del Ejército de Liberación Nacional; Jorge Gaviria, ex director de un programa local de reinserción; Jorge Ignacio Castaño, asesor de paz de Antioquia (departamento del que Medellín es capital), y Alberto Giraldo, arzobispo de esta ciudad.