Ochenta congresistas, a iniciativa del Senador Juan Manuel Galán, presentaron ante la Plenaria del Senado una proposición en donde se hace público y manifiesto el profundo desacuerdo de la Corporación por la decisión tomada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de no permitir la extradición de Yair Klein a nuestro país para que cumpla la condena de 10 años que le fue impuesta por un juez colombiano.
Los senador manifiestan su inconformidad y elevan su voz de protesta por la doble moral que refleja el sentido de la decisión mencionada y solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que envíe copia de la proposición a las embajadas acreditadas en Colombia de los países miembros del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Los Congresistas aseguran que la decisión es una contradicción para la protección de los derechos humanos en el mundo y especialmente en Colombia.
Ante el hecho cierto de una sentencia judicial que condena a prisión a Yair Klein, en el que se demuestra su responsabilidad penal en la conformación de grupos armados ilegales, autores de uno de los capítulos más violentos y sanguinarios de la historia de Colombia, el Tribunal aplica con todo rigor el Convenio dejando a un lado los derechos de las víctimas y permitiendo la más absoluta impunidad por estos hechos.
El Tribunal, de igual manera, desconoce abiertamente la idoneidad e imparcialidad del sistema judicial colombiano en el caso concreto y asume que las generalizaciones que se hacen en los informes mencionados son aplicables directamente incurriendo así en una falacia lógica.
Un firme compromiso del Tribunal con la verdad, la justicia y la reparación debió llevar a un análisis del caso particular y a requerir la documentación necesaria que le permitiera tomar una decisión más informada.
El Senado considera indispensable que los Estados Parte del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales evalúen la política en esta materia para no incurrir en contradicciones como la señalada.
Por otra parte el Senado ve con beneplácito la intención del gobierno ruso de apelar la providencia ante la Sala Plena del Tribunal con el fin de revertir esta inicua decisión. Así mismo, expresa su reconocimiento a las autoridades rusas que han obrado en este caso de forma oportuna y eficaz bajo los principios de solidaridad, de respeto a los principios del Estado de Derecho y de protección a los derechos humanos.
Es evidente que Rusia al haber padecido los embates del terrorismo comprende mejor que muchos la difícil situación colombiana y la necesidad de que opere adecuadamente la justicia a favor de las víctimas y de la consolidación del Estado de Derecho, confiamos que esta comprensión trascienda a otros ámbitos de la relación bilateral.

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