Colombia apoyó la intervención de Honduras en el contencioso que mantiene en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con Nicaragua, para acabar con las “incertidumbres” de las fronteras marítimas en el Caribe, pero se mantuvo neutral ante la propuesta de Tegucigalpa de hacerlo como Estado parte.

Colombia reconoció que existen «intereses legales» hondureños que pueden ser afectados en un futuro fallo sobre el litigio fronterizo que Managua elevó a la CIJ en 2001 contra Bogotá, lo que justificaría la intervención de Tegucigalpa en el contencioso.

“Honduras solicita intervenir como parte porque solamente así puede conseguir certeza legal (…) y acabar de una vez por todas con las incertidumbres de los límites marítimos de Honduras en el Caribe”, dijo ante los jueces el experto en Derecho Internacional de la delegación hondureña, Michael Wood.

Para Tegucigalpa la participación sin ser parte en el conflicto, tal y como la ha solicitado Costa Rica, no permitiría defender con propiedad los intereses legales de Honduras en el Mar Caribe.

Wood explicó que son “especialmente las demandas de Nicaragua” en el litigio marítimo que le enfrenta con Colombia, las que “afectan potencialmente a los intereses de Honduras”.

También recriminó a Managua el hecho de que, al contrario de Colombia, haya interpuesto objeciones a la intervención de Honduras en el caso.

“Nicaragua es el país más reacio a negociar sus fronteras marítimas y parece que prefiere los procesos judiciales a las negociaciones con sus vecinos”, indicó Wood.

Sin embargo, la delegación colombiana no se posicionó sobre la posibilidad de que Honduras intervenga como Estado parte, aclarando que deja al criterio de los jueces una posible participación de esta naturaleza.

Para Colombia, la intervención de un tercer país en un contencioso tiene que ser algo «puntual» y no puede transformar un caso ante la Corte en otro totalmente distinto, según explicó por parte de la delegación colombiana el profesor de Derecho de la británica Universidad de Cambridge, James Crawford.

Honduras basa su solicitud para intervenir en que la delimitación de una línea fronteriza entre Nicaragua y Colombia afecta a sus intereses legales al Norte del paralelo 15 y al Este del meridiano 82 en el mar Caribe.

Honduras también teme que algunas áreas dentro de ese espacio que le correspondieron en el tratado que en 1986 firmó con Colombia se vean ahora amenazadas por las demandas de Nicaragua.

Para Nicaragua, los intereses sobre esa área ya quedaron determinados en el fallo de la CIJ de octubre de 2007 sobre la frontera marítima entre Managua y Honduras.

Bogotá rechazó esta visión de Nicaragua, según la cual Colombia no podría reclamar en el contencioso actual que le enfrenta con Managua ningún área comprendida en esa zona.

A este respecto, el miembro de la delegación colombiana y profesor de Derecho Internacional en Ginebra, Marcelo Kohen, remarcó que, en su fallo de 2007, la CIJ marcó los intereses de Nicaragua y Honduras al norte del paralelo 15 y al este del meridiano 82, pero no fijó los de terceros países.

«Colombia es claramente un tercer país con intereses en esa zona», afirmó el experto en leyes, quien recordó que, en Derecho Internacional, «los tratados no pueden ni perjudicar ni beneficiar a terceros países».

En ese fallo, la CIJ otorgó a Honduras la soberanía en el Caribe de las islas Bobel, Savanna, Port Royal y Sur, pero rechazó su reclamación de que la frontera marítima entre los dos países está en el paralelo 15, con lo que trazó una nueva línea divisoria.

La Corte estableció entonces que la nueva frontera entre Honduras y Nicaragua debe seguir una línea bisectriz entre las costas de los dos países y respetar las aguas de las islas bajo soberanía hondureña.

La CIJ celebra esta semana las audiencias públicas para decidir si acepta o no la petición de Honduras de participar como Estado parte en el litigio entre Nicaragua y Colombia, que se inició en 2001 con la denuncia de Managua ante el máximo órgano judicial de la ONU.

La máxima instancia judicial de Naciones Unidas ya realizó la pasada semana unas audiencias similares con motivo de la petición de Costa Rica de participar en el caso.

(Santa Fe con información de EFE)