La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) reveló el martes que el 15,5% de desmovilizados de grupos armados ilegales han cometido en acciones criminales.

Entre el año 2002 y el 2009 se desmovilizaron 31.671 efectivos de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 20.555 fueron de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional, que ingresaron el programa de manera individual.

Los factores que llevaron a algunos desmovilizados a reincidir en acciones ilegales, según el estudio, se debe principalmente al hecho de no haber superado el contexto de narcotráfico.

«Aun no estamos es un escenario de proceso de paz global» dijo en diálogo con The Associated Press, Alvaro Villarraga, coordinador del área de desarme, desmovilización y reintegración de ese programa presidencial.

Los combatientes que se acogieron al programa recibieron del gobierno asistencia médica y psicológica para ellos y sus familias, ayuda económica y educativa, así como actividades de servicio social, a fin de que pudiera integrarse a la sociedad.

Sin embargo, las normas para la reinserción a la vida civil, exigían que no volviesen de delinquir.

«El fenómeno de la reincidencia lo encontramos de manera más marcada en las personas procedentes de las AUC», ya que es el segmento donde se ha encontrado mayor interferencia del narcotráfico, agregó Villarraga.

Sostuvo que «las personas que salen de la guerrilla renuncian a ella, son desertores y por lo regular son perseguidos y amenazados» por la misma organización que abandonaron.

El estudio, según Villarraga, se basó en el monitoreo periódico que hace el programa entre las diferentes entidades del Estado y de organizaciones no gubernamentales sobre las dinámicas sociales de la reintegración de los desmovilizados.

La mayor parte de las desmovilizaciones, especialmente de los grupos paramilitares se dieron durante un proceso de desmovilización del gobierno del ex presidente Alvaro Uribe. Los militantes de las FARC que han depuesto las armas, en su mayoría lo han hecho individualmente.

Villarraga señaló que recomendaba al gobierno central fortalecer la política pública en el tema, acercarse más a la población reinsertada, descentralizar los equipos de gestión e involucrar a los gobiernos departamentales en el desarrollo de programas específicos, entre otros temas de vigilancia y control social.

AP