La Ley de Víctimas es discutida ahora en el Senado, tras haber sido aprobada por la Cámara de Representantes, aunque ahora ha encontrado nuevas resistencias y propuestas de modificación.

Uno de los temas que más generó controversia fue el tratamiento de víctimas que podrían tener los miembros de los grupos armados ilegales. Los senadores esgrimen que en el momento en el que el combatiente le sea violado el Derecho Internacional Humanitario, cambiaría su condición y él o su familia podrían ser objeto de reparación.

El senador Jorge Londoño dijo «cualquier persona que haya sido víctima de violación de un derecho fundamental, establecido en el DIH, debe ser resarcida por parte del Estado».

Para definir quiénes pueden ser considerados víctimas, se designó a los senadores Jorge Londoño (Partido Verde) y Luis Carlos Avellaneda (Polo Democrático), encargados de redactar de nuevo ese artículo. «Se trata de aclarar que si cualquier persona que pertenezca a un grupo al margen de la ley y es víctima, debe ser resarcido. Nosotros no entenderíamos que a un ser humano se le desconozca un derecho fundamental y no se le pueda catalogar como víctima a él y sus parientes» señalo Londoño.

Juan Fernando Cristo (Partido Liberal), dijo «muchos colombianos de bien pueden tener familiares en grupos al margen de la ley y ser a la vez víctimas del conflicto».

También se ha discutido la fecha en la que se les reconocería la condición de víctimas, y la creación de una Unidad Administrativa
Especial, encargada de ejecutar los programas; entre otros temas.

«Se trata de presentar una ponencia que sea instrumento importante para iniciar el proceso de reconciliación» aseveró el senador Cristo Bustos.

Además agregó que «se trata de construir una institucionalidad que le garantice a las víctimas que esta ley se pueda implementar y sea eficaz. No nos convence el texto aprobado por la Cámara de Representantes y queremos introducirle modificaciones que vamos a estudiar con el Gobierno y nos reuniremos con el ministro de Agricultura para tocar el tema de restitución de tierras».

Dentro de lo acordado, los ponentes proponen la creación de una Unidad Administrativa Especial, que dependería de la Presidente de la República, y que sería la entidad coordinadora y ejecutora de toda la política de víctimas. Hay consenso entre los ponentes de que hay que crear una nueva institucionalidad que garantice la aplicación de la ley.

Con relación a la fecha a partir de la cual se reconocerían a las víctimas, los senadores consideran que debe ser entre 1980 y 1982 y no como fue aprobado por la Cámara a partir de 1991.

Los ponentes aspiran a estar radicando la ponencia el próximo lunes. Se llevarán a cabo audiencias públicas con las víctimas (que no suspenderán el trámite del proyecto) en Pasto, Neiva, Tunja, Quibdó, para escucharlas.