Durante el debate, las comunidades más pobres recibieron el apoyo de la Comisión, cuyos miembros solicitaron a los ponentes y al Ministerio de Ambiente, integrar la equidad y la dignidad en los megaproyectos a lo largo del país, con tal de evitar malas interpretaciones luego de su posible aprobación.

El proyecto 208/2010 Senado “Por el cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable”, podría convertirse en el instrumento para que el Gobierno promueva, adopte, ejecute y financie los macroproyectos de interés social nacional que garanticen la habilitación del suelo para la construcción de vivienda, vías y servicios públicos, entre otros.

Según la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, “necesitamos de un giro en la política del Gobierno, respecto a la vivienda, de manera que incluyamos socios locales y nuevos oferentes en las regiones para que los proyectos funcionen”.

Para el senador Juan Lozano (Partido de la U), ponente del proyecto, “se trata de una oportunidad para ofrecer equidad a los más pobres, incluyendo un instrumento que permita incorporar e identificar el suelo más idóneo para emprender grandes proyectos de construcción de vivienda”.

Por su parte, la senadora Gilma Jiménez (Partido Verde) sugirió “tener en cuenta la definición de las tierras que se van a urbanizar, antes de considerar una reubicación de aquellas familias que se encuentran en condiciones vulnerables por la ineficiencia del Estado”.

Así mismo, la senadora Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático Alternativo) insistió en “buscar elementos que optimicen el suelo que se va a urbanizar, teniendo como prioridad la dignidad de las personas”. Además, se refirió a la preocupación por parte de su bancada en cuanto a la autonomía de los municipios en la aplicación de este tipo de proyectos.
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Otra de las preocupaciones fue expuesta por la senadora Dilian Francisca Toro (Partido de la U), quien aseguró que “debido al término de los macroproyectos, existe una preocupación porque el presupuesto de los subsidios se designe, exclusivamente, a los grandes proyectos, dejando de lado a los municipios y las ciudades pequeñas”.

En respuesta, la ministra Uribe propuso a los ponentes “rebautizar el término ‘macro’ o incluir un capítulo exclusivo para los proyectos en municipios y pequeñas ciudades, con tal de no llevar a confusiones una iniciativa de tal magnitud”.

El senador Germán Carlosama (Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia) consideró insuficiente la ponencia, puesto que “aún no es claro cómo las personas con pocas posibilidades económicas podrían acceder a créditos de vivienda, por menores que éstos sean”.

“En Colombia el tema de la vivienda se basa en la politiquería”, recalcó la senadora Ramírez, idea que fue apoyada por el senador Carlosama al denunciar que “cientos de comunidades pobres no reciben los subsidios de vivienda si antes no apoyan políticamente al alcalde de turno”.

Durante su intervención, la senadora Jiménez propuso “incluir un instrumento de control ante las carencias de gestión y administración de los recursos destinados para proyectos de vivienda en el país”.

Entre tanto, la senadora Ramírez pidió al Gobierno “definir cuotas que puedan ser pagadas por los más pobres, de manera que el acceso a la vivienda sea posible para quienes han sido excluidos de este tipo de políticas”.

Al finalizar la sesión, los miembros de la Comisión Séptima, propusieron nuevos debates en los que participen los gremios y las instituciones encargadas del tema, con el fin de ampliar las posibilidades de acción en el mismo.