La violencia de grupos irregulares y política-social provocó el desplazamiento de al menos 280.000 personas en Colombia en 2010, indicó el informe anual de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

Al menos 32,7%, equivalente a 91.499 personas, fueron desplazadas en 17 de los 32 departamentos del país y en zonas que el gobierno consideró como limpias de grupos paramilitares, informó el miércoles en rueda de prensa el director de Codhes, Jorge Rojas.

Pero la realidad, dijo Rojas, es que «el paramilitarismo sigue siendo una lamentable realidad» en el país «ya sea (que se les llame) bacrim (bandas criminales) o neoparamilitares».

Agregó que aún carecen de los datos consolidados sobre cuáles grupos armados ilegales fueron responsables del desplazamiento en 2010, pero que la información preliminar indicó que eran esos nuevos paramilitares, seguidos por las guerrillas y en tercer lugar la fuerza pública.

Según Rojas, la tendencia a desplazar a pobladores de sus regiones corresponde a la misma estrategia que han denunciado del paramilitarismo y la guerrilla desde inicios de los 90: despojar de tierras a los moradores de distintas zonas del país con el fin de enriquecerse, facilitar el tráfico de drogas y copar las instituciones políticas regionales.

Tras la entrega de armas de más de 30.000 paramilitares en una negociación con el gobierno a partir del 2003, algunos de esos hombres se han rearmado y siguen delinquiendo porque «no van a soltar tan fácil el botín logrado en la guerra sucia de los paramilitares en los 90».

El gobierno tradicionalmente admite el desplazamiento forzado de personas en el país, pero sus cifras están por debajo de las de Codhes, que hace sus mediciones en base a reportes propios en las regiones y contrastando sus datos con informes de prensa y los de comisiones eclesiásticas.

Desde hace más de dos años, activistas y autoridades están sumergidos en un debate sobre si grupos ilegales llamados por la policía nacional como «Los Urabeños», «Los Paisas, «Los Rastrojos», entre otros, son o no los mismos paramilitares que entregaron armas a inicios de década o son un fenómeno de criminalidad común y de narcotráfico, como mantiene el gobierno.

En el 2009 el número de desplazados fue de 286.000 personas, un 2% por encima del año pasado, según la Codhes que desde hace 20 años lleva los datos de población desplazada en el país. AP