Por un convenio que actualmente la red Alma Máter ejecuta con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Contraloria ordenó una indagación fiscal, para aclarar desembolsos por 1.555 millones de pesos.

Un informe de auditoría al ICBF señala que, la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero, Alma Máter sirve como intermediaria para las contrataciones públicas, según el Organo de Control el convenio «promueve la elusión sistemática de la Contratación Pública».

Los convenios de cooperación y aporte suscritos con Alma Máter se basan en que las Defensorías de Familia deben contar con profesionales en áreas de nutrición, trabajo social y psicología.

Dentro de este marco, la Contraloria encontró que el pago de 660.375 millones presenta irregularidades, además unos 1.400 millones de pesos se encuentran embolatados debido a cobros retrasados en intereses y acreedores en liquidación.

También, el Ente de control pudo establecer que asesores de Alma Máter han registrado excesos en privilegios como asignación de vehículos y conductores las 24 horas, cuentas de celular y mal manejo y desconocimiento en donaciones que benefician al ICBF.