Pese a que la Ley de Seguridad Ciudadana busca reforzar la lucha contra la delincuencia y el crimen, la iniciativa que fue sancionada hace tres meses por el Ejcutivo afectó los procesos de extinción de dominio, además implicaría devolver millonarias sumas de dinero a personas que no justificaron las ganancias.

Aunque la norma esta encaminada a acelerar los procesos donde están implicados bienes de la mafia, a través de herramientas judiciales que le hacían falta a la ley para evitar presiones por parte de grupos criminales, la ley presentó vacíos que afectan directamente la labor de allanamientos e interceptación de comunicaciones por parte de los los fiscales de la Unidad de Lavado de Activos.

La Ley de Seguridad Ciudadana eliminó los causales juridicos pactados en las Convenciones de Viena y de Palermo, que señalan que la extinción se aplica en casos en que no se puede justificar el origen licito de los bienes investigados.

Por su parte, la Fiscal general, Viviane Morales ordenó la creación de un contraproyecto para salvar los obstáculos generados por la nueva ley.

La Jefe del Ente Acusador advirtió que los procesos que se adelantan actualmente puedan caerse, lo que implicaría devolver millonarias sumas de dinero a personas que no justificaron las ganancias.

«Los trámites que se iniciaron por esa causal se verían abocados a la cancelación de medidas cautelares (la incautación) y a su consecuente devolución», indicó la Fiscalía en un documento interno.

Además, la Ley de Seguridad Ciudadana estableció procedimientos que harían más demorados los procesos de extinción, ya que sólo tres jueces en el país pueden autorizar los procedimientos policiales, procesos que anteriormente eran ordenados por cualquier juez de control de garantías.

Ahora, todas las solicitudes de la Fiscalía tienen que remitirse a Bogotá, proceso que podría tardar hasta tres años.