Después de haber sido presentado el escrito de acusación contra los dos ex funcionarios del gobierno anterior María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, el representante de las victimas le solicitó a la fiscalía por qué con las presuntas acciones punibles cometidas por los investigados no se tuvieron en cuenta otros delitos contemplados dentro de la jurisprudencia nacional e inclusive ante cortes internacionales.

El abogado Luis Guillermo Pérez le solicitó a la fiscal Vivian Morales que aclare dentro del escrito de acusación, por qué no se tuvo en cuenta que con el tipo de acción cometido por los dos funcionarios, se vulneró la seguridad pública, afectando los fines esenciales del Estado y los Derechos fundamentales que contempla la Constitución.

De igual manera le solicitó que se tuviera en cuenta la lesión que se le ha hecho al patrimonio público con sus conductas, contemplado en el artículo 88 de la carta Política: “a la seguridad pública como ha sido reconocido en la imputación y también a la moral administrativa”, precisó el abogado Pérez.

Dentro de su intervención, también le pidió que se aclare si ha habido una persecución política, ya que se hizo la referencia dentro del mismo escrito de acusación en el que de manera tácita se expresa que se presentó tal intención.

“hubo motivos políticos para la persecución, motivos políticos que tuvieron su origen en el sentido de que hubo un gobierno que no toleraba la crítica periodística que pudiera ser adversa a la función gubernamental, que tampoco toleraba la acción jurisdiccional que pudiera ir en contra a los intereses del presidente de la república o de sus amigos, que hubo una actitud provocada desde la Casa de Nariño en contra de miembros de la clase política que por razón del ejercicio a que están llamados a cumplir dentro de una democracia, es decir la posibilidad de deliberar públicamente, de controvertir los hechos gubernamentales, terminaron siendo perseguidos, precisó Luís Guillermo Pérez.

Añadió que no sólo se trató de interceptaciones ilegales, infiltración de escoltas y recintos donde laboraban los magistrados, sino que también se incurrió en la difamación, con la cual se pretendía crear un impacto negativo ante la opinión pública de la misma Corte Suprema de Justicia, de senadores de la república y representantes de la Cámara y periodistas, por lo cual le reiteró a la Fiscal Morales que aclare dentro de su escrito de acusación el reconocimiento de la vulneración de esos derechos, ya que se lesionó la dignidad, honra, honorabilidad y credibilidad pública de estas víctimas.

Pero el representante de las víctimas fue más allá, que con la actuación de estos dos funcionarios investigados, también pudieron incurrir en el delito de tortura en la modalidad de impacto negativo sobre su integridad sicológica, aspecto en el cual le solicitó de igual manera a la doctora Vivian Morales que considerara se tuviera en cuenta dentro del escrito de acusación la normatividad internacional en derechos humanos, entre estos el protocolo de Estambul, que prevé una vigilancia especial al enjuiciamiento contra funcionarios públicos que hayan cometidos delitos de corrupción, abuso de poder, violaciones graves a los derechos humanos y otras conductas reconocidas por el derecho internacional.

Al inicio de la audiencia la fiscal Vivian Morales sorprendió con el llamamiento como testigos a Diego Murillo alías “•Don Berna y Juan Carlos Sierra alías “El Tuso”, dentro del proceso que cursa en la Corte Suprema de Justica por las interceptaciones ilegales contra el ex secretario privado Bernardo Moreno, del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y la también ex directora del DAS María del Pilar Hurtado.

La fiscal Vivian Morales también citó como testigos a otros cinco funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, entre ellos Sandra Karina Sánchez Medina y a Giovanny Cortés Ortiz.

Dentro de la estrategia de imputación de cargos, Vivian Morales también anunció la presentación de otras pruebas técnicas de grabaciones de comunicaciones internas del DAS e informes sobre seguimientos hechos por el organismo, que se obtuvieron de varios de los equipos de computo que fueron incautados y que obran como material probatorio dentro de este proceso contra los dos ex funcionarios de la anterior administración y cuya audiencia continuará por tercer día este jueves en la tarde en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.