Mediante una carta, el concejal Jaime Caycedo le pidió a la alcaldesa Clara López que no expida el decreto que daría vida al denominado “Plan Aeropuerto” ya que según él se legalizará el despojo a miles de familias de las Localidades de Fontibón y Engativá, para abrirle paso a los grandes negocios inmobiliarios de carácter industrial y comercial.

El cabildante del Polo Democrático denunció que el proyectado decreto “se pueda convertir en un instrumento de expulsión y expropiación de miles de familias de sus territorios donde habitan, trabajan y tienen lazos familiares construidos desde hace muchos años”.

“Barrios como la Cofradía, Veracruz, Rubén Vallejo, La Rosita, La Cabaña y demás de las localidades de Engativa y Fontibón desaparecerán al cambiarles el uso de residencial a industrial o comercial para la conformación y desarrollo de la Plataforma de Comercio Internacional, para beneficio de grandes inversionistas nacionales y extranjeros y consolidar la estrategia de ordenamiento establecida en el POT, a costa de las comunidades”, dice la denuncia.

Por otra parte y en lo que considera una de las medidas más peligrosas, el proyecto de decreto establece como compensación para los habitantes expulsados de su territorio unos planes de vivienda multifamiliar que se localizarían a lo largo de la avenida del Ferrocarril, “desconociendo que por allí pasa el poliducto que lleva gasolina para los aviones, lo cual constituye un altísimo riesgo para la población como lo he denunciado en varias ocasiones”.

El proyecto de decreto prevé que los operadores privados que se encargarán de la ejecución del plan tendrán como garantía para la adquisición de los predios residenciales unos avalúos de referencia que congelarán los precios. Sin embargo, una vez se modifiquen los usos del suelo, los valores comerciales se dispararán en su beneficio, “lo que constituye una negociación profundamente lesiva a los intereses de la población histórica de estos territorios”.

Agregó que como si fuera poco, el plan contempla que la financiación de los $662 mil millones que costará su desarrollo correrá por cuenta de tarifas, tributos y valorizaciones que serán pagadas por los actuales propietarios de viviendas con lo cual se afectará de manera grave sus ingresos. “En resumen, aparte de que serán despojados y expulsados de sus viviendas y su territorio, tendrán que pagar por ello. Este proyecto es absurdo y terriblemente injusto”, declaró el concejal Caycedo Turriago.

Anunció que se dispone apoyar con todos sus recursos políticos y legales la lucha de los habitantes de las dos Localidades en procura de impedir que tal despropósito se cometa y para garantizar la real participación popular en el diseño de la ejecución del plan mediante mecanismos de intervención directa no sólo en la formulación del decreto sino en la implantación del modelo de reconversión urbanística. “El desarrollo no puede ser la excusa para expulsar a los habitantes, desmejorar sus condiciones de vida y ocasionarles serios reveses económicos a sus ya menguados ingresos”, finalizó el concejal Jaime Caycedo.