Ante las constantes irregulares y fallas en la prestación de servicios a la población desplazada, la Corte Constitucional hizo un fuerte llamado de atención al Gobierno, así como a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

La Corporación dijo que siguen siendo bajos los resultados en cuanto a superación de falencia de capacidad institucional para atender la población desplazada del país, al revelar que sólo se ha cumplido con el 52 por ciento de las solicitudes hechas por ese organismo.

La Corte reveló que el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada no acogió el Plan de Fortalecimiento que buscaba garantizarles a los sin tierra el acceso a los derechos fundamentales, así como la búsqueda de reintegración social y económica.

Por estas razones, la Corporación le pidió a los órganos de control encargados un informe detallada de lo que se está haciendo al respecto.

A la reunión, que se llevará a cabo el 11 de noviembre deberán asistir la fiscal General, Viviane Morales; el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado y la contalora general, Sandra Morelli.

Igualmente intervendrán delegados de la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Seguimiento y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).