El Gobierno Nacional decidió no convertir en Ley el proyecto que penalizaba el racismo en Colombia, por considerar que podría ser inconstitucional.

“el Gobierno encuentra que la conducta descrita y penalizada en el proyecto de ley, en cuanto se refiere a discriminación por motivos religiosos o de orientación política o filosófica, infringe el principio de legalidad en materia penal, pues es imposible para los destinatarios de la norma conocer cuándo incurren en el delito”, subraya un comunicado de la Presidencia de la República.

El Gobierno consideró que “no todas las exclusiones que se producen por razones de religión y orientación política o filosófica constituyen actos de discriminación y que, en esa medida, resulta incompatible con nuestro régimen constitucional la criminalización de dichos actos en los términos previstos por el proyecto de norma que se objeta”.

El ejecutivo determinó que de aprobarse la iniciática, estarían en peligro otras garantías constitucionales como discriminación por motivos religiosos o de orientación política o filosófica.