La Contraloría General de la República inició investigación a las actuaciones de los servidores públicos y los abogados designados por el Estado Colombiano, con el fin de evaluar la existencia de posibles conductas omisivas en la defensa judicial de los intereses patrimoniales del Estado.

Inicialmente, las acciones estarán encaminadas a investigar la masacre de Mapiripán, en el año de 1997, luego de que esta semana se revelara que el número de víctimas mortales fue menor al reportado por los abogados y que le costó al estado una condena por parte de la Nación Colombiana ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Así mismo, el organismo de control evaluará las actuaciones de las entidades encargadas de liderar la Defensa Judicial del Estado Colombiano, con el fin de determinar si las cifras han sido sobredimensionadas con el fin de promover actuaciones judiciales de reparación económica, generando daño antijurídico al erario.

Los conductas que serán estudiados, incluyen casos similares donde se ha condenado a la Nación Colombiana por múltiples víctimas de masacres, torturas y desplazamiento forzado.

“Corresponderá a las instancias disciplinarias y penales correspondientes, adoptar las medidas correctivas que sancionen las acciones dirigidas a menoscabar el patrimonio público a través de la conformación de falsos expedientes judiciales, que pretenden inducir a falsos razonamientos a los jueces de la causa, y a los profesionales que no desplegaron medidas de defensa idónea para proteger los Altos Intereses Nacionales”, dijo el organismo.

Hasta el año 2010 las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han obligado al Estado Colombiano a pagar más de diez millones de dólares (U$10.000.00).