Horas antes de viajar a San José, Costa Rica, donde el Gobierno colombiano pedirá oficialmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que revise la información sobre las falsas víctimas en el caso Mapiripán; el Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra, sostuvo que un hecho como este no puede volver a repetirse.

«Colombia no puede permitir ese tipo de engaños ni que a los colombianos se nos engañe de esa manera, sobre todo cuando un Gobierno y todo un país tienen un compromiso tan serio, tan profundo y decidido con la causa de las víctimas», señaló.

El jefe de la cartera de justicia explicó que el Gobierno solicitó una audiencia para revisar en qué va el cumplimiento del fallo y, además, que se estudia la posibilidad de pedirle a la CorteIDH una revisión de su fallo, pues aunque no existen recursos contra los fallos de la CorteIDH, sí ha habido casos en los que este Tribunal ha admitido solicitudes de revisión cuando los hechos probados en el expediente no responden a la realidad.

«Vamos a plantearle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la preocupación enorme del Gobierno colombiano en torno de lo que ha venido a descubrirse acerca de las personas que se han hecho pasar por víctimas con el propósito de cobrar unas indemnizaciones y unas reparaciones a las que por supuesto no tenían derecho», indicó.

«Queremos poner esa situación oficialmente en conocimiento de la Corte, porque consideramos que constituye una burla al sistema interamericano, sistema que Colombia respeta y acata tanto», agregó.

El Ministro Esguerra también expuso que lo ocurrido en el caso Mapiripán «es una burla al Gobierno, al Estado y a los colombianos que estamos haciendo un esfuerzo para indemnizar a las víctimas de nuestro conflicto armado y no podemos ver con buenos ojos que haya gente que se haga pasar por víctima para hacer un negocio».

En ese sentido, el alto funcionario indicó que el Gobierno tiene indicios según los cuales el de Mapiripán no sería el único caso en el que se colaron supuestas víctimas.

«Estamos investigando y en cuanto esté claro que eso fue así, haremos lo que corresponda: por un lado acudir a las instancias internacionales y por otro, pedir que la Fiscalía inicie las investigaciones del caso y determinar si se cometieron delitos tan graves como el de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir».

De demostrarse, advirtió, los responsables irán a la cárcel.