La Corte Constitucional determinó que las cuestiones religiosas o culturales no son un impedimento para aplicar tratamientos a menores de edad con miras a salvarles la vida.

La medida obliga a los médicos a hacer todo lo que esté en sus manos para salvaguardar la vida de sus pacientes menores de edad, así sus padres se opongan.

El objetivo de la ley es garantizar la actuación inmediata del personal médico y administrativo en casos de que exista riesgo para la vida del paciente.

Para el organismo, prevalece el derecho a vivir del niño sobre las creencias culturales y religiosas que puedan tener sus padres.