Cuatro personas fueron cobijadas con medida de aseguramiento, por los delitos de fraude procesal, concierto para delinquir, falsedad en documento público y uso indebido de información privilegiada, por inscribir de manera irregular a personas como desplazados por la violencia.

Entre los asegurados, se encuentran un funcionario de Acción Social, y dos mujeres, quienes fueron enviados a la cárcel por el juez 38 de garantías debido a la cantidad y gravedad de los delitos imputados y por ser considerados un peligro para la sociedad.

La acusación realizada por la Fiscalía determinó que los funcionarios de Acción Social cobraban entre 100 y 200 mil pesos a cada persona por ingresarla en las listas del organismo para hacerlas pasar como desplazados.

Las demás personas aseguradas eran los encargados de contactar a las personas, a las cuales les pedían 600 mil pesos para realizar la documentación con el fin de vincularlos al programa de desplazados.