El Presidente Juan Manuel Santos anunció que las víctimas de la violencia recibirán una indemnización mínima de 9 millones de pesos y una máxima de 21 millones de pesos, de acuerdo con la reglamentación de la norma que al respecto aprobó el congreso de la república.

Al mismo tiempo, el presidente Santos advirtió que no permitirá que la mano criminal de la extrema derecha o la izquierda sabotee la ley de víctimas y el proceso de restitución de tierras.

El jefe del Estado dijo que, venga de donde venga, de la extrema izquierda o de la extrema derecha, la vamos a contrarrestar con el puño de nuestra Fuerza Pública”.

A promulgar 11 decretos reglamentarios de la ley de víctimas y restitución de tierras, el presidente Santos señalo que “aún hay quienes siguen intimidando y asesinando a nuestros campesinos y a sus representantes” y añadió: “A esos criminales les hago llegar un mensaje: ¡los vamos a combatir con todo!”.

El jefe del Estado indicó que el propósito es luchar “con todas las herramientas democráticas que estén a nuestro alcance”, entre ellas los jueces especializados de restitución, que fueron creados por la Ley para garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de los despojados, desde la expedición de títulos hasta la efectiva devolución de sus predios.

El Presidente Santos explicó que el tema de restitución lo asumirá en buena parte de la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, la cual acompañará a los desplazados en el proceso de recuperar los predios que les arrebataron los violentos.

De acuerdo con el Mandatario, esta Unidad incluso hará los trámites a nombre de cada víctima, “evitándoles la engorrosa tarea de recopilar la información necesaria y garantizando que las solicitudes se hagan sin errores”.

La Unidad de Restitución también actuará de oficio, “barriendo” las zonas más críticas en términos de desplazamiento.

Precisó que las primeras 13 oficinas de la Unidad de Restitución empezarán a operar en enero próximo en aquellas áreas donde los desplazados no denuncian “por físico temor”.

Indicó que el propósito es luchar “con todas las herramientas democráticas que estén a nuestro alcance”, entre ellas los jueces especializados de restitución, que fueron creados por la Ley para garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de los despojados, desde la expedición de títulos hasta la efectiva devolución de sus predios.

El próximo semestre empezarán a trabajar 22 de estos jueces, además de 12 magistrados, quienes fallarán cada caso en un tiempo límite de cuatro meses. Se trata –dijo– de “un proceso mucho más expedito que cualquier otro”.

El Mandatario previó que en el 2012 serán atendidos unos 13 mil reclamos de restitución y que los jueces fallarán 2 mil de ellos. Para el final de su gobierno, estimó que la meta es haber fallado unos 80 mil casos.

“Sin embargo, todo esto requerirá de paciencia. No es posible reparar de la noche a la mañana a millones de víctimas. Por eso mismo, somos tan ambiciosos como responsables y realistas en las metas”, afirmó.

‘No arrancamos de ceros’

El Presidente de la República recordó que en este tema el Gobierno no arranca de ceros, ya que durante los primeros 16 meses de gobierno ya se han dado resultados concretos, gracias al plan de choque puesto en marcha mientras se sacaban adelante la Ley y los decretos reglamentarios.

Informó que gracias a este plan de choche, ya se han beneficiado más de 30 mil familias, que hoy tienen un título de propiedad en sus manos, lo cual significa más de 750 mil hectáreas adjudicadas a los legítimos propietarios del campo.

“Para que se hagan una idea –dijo el Presidente Santos–, esas 750 mil hectáreas casi equivalen a la superficie del departamento de Caldas, o son más del doble de la superficie del departamento del Atlántico”.

Citó que otro paso en firme que ha dado el Gobierno antes de implementar la Ley es el recién creado Sector de Prosperidad Social, que considera a las víctimas como sujetos prioritarios de la política contra la pobreza.

En tanto que –agregó– un paso adicional que se debe dar es el Plan Nacional de Atención y Reparación a Víctimas que, con su respectivo Conpes, se busca expedir en el próximo mes de abril.

De acuerdo con el Mandatario, este Plan será una especie de manual, una ruta estratégica donde van a estar todas las metas y todos los mecanismos para el trabajo coordinado de 32 instituciones del Estado, además de los entes territoriales, que también deben actuar unidos para responder a las necesidades de las víctimas.

“Sabemos que, en la medida en que vayamos implementando la Ley, encontraremos aspectos que deban ajustarse. Por eso este proceso será de continuo mejoramiento, así como de permanente participación de la sociedad, especialmente de las víctimas, por lo que estamos más que dispuestos a seguir escuchando”, concluyó el Presidente de la República.