
En las próximas horas la justicia dictará otras 130 órdenes de captura contra los desmovilizados de Erpac que se entregaron a la justicia la semana pasada y que habían quedado en libertad por no tener antecedentes penales.
El tema ha causado polémica pues organizaciones defensoras de los derechos humanos tales como la Corporación Arco Iris manifestaron que la desmovilización, llevada a cabo en los llanos orientales, no pasó de ser más que un show mediático.
Hasta el mismo ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se mostró en desacuerdo con la decisión de la Fiscalía General de dejar en libertad a los integrantes de la banda criminal que no tenían órdenes de captura.
Sólo 17 de los desmovilizados que se entregaron la semana pasada siguen detenidos, entre ellos seis de sus cabecillas, mientras que 267 integrantes del Erpac no fueron cobijados con medidas de aseguramiento por vencimiento de términos o simplemente porque no hay ordenes de captura en su contra.
De acuerdo con la Fiscalía, aunque estos 267 militantes del grupo paramilitar fundado por el extinto narcotraficante alias ‘Cuchillo’, gozan de su libertad, siguen vinculados al proceso de sometimiento que inició el jueves pasado en el Meta.
Cuando se realizó la desmovilización, la Directora Nacional del CTI, Carmen Maritza González, dijo que‘A la mayoría (De los desmovilizados) se les imputarán delitos de acuerdo con lo que confiesen y todos serán judicializados por concierto para delinquir y porte ilegal de armas’.
Por su parte, el Director Nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa aseguró que se requiere una reforma o una nueva ley que indique el procedimiento en casos de entregas masivas a la justicia, como el registrado con los miembros de la Erpac, con la cual se solucionarían vacíos jurídicos de la ley ordinaria.
“Una de las opciones de respuesta a la entrega masiva de estas personas, es una ley que indique exactamente como trabajar cuando se presentan masas de delincuentes, porque es que ésto desborda la capacidad humana”, anotó Novoa en diálogo con los periodistas a quienes explicó que, cuando los 267 miembros de la banda criminal Erpac salieron libres tras su anuncio de sometimiento en Villavicencio, Meta durante este fin de semana, no podían ser detenidos pues se podría incurrir en un secuestro masivo.

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