Según Ariel Ávila, investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris, propietarios de grandes extensiones de tierras e influyentes políticos estarían de trás d ela creación d eun ejercito privado destinado a proteger a sus cabecillas de los ataques de la guerrilla.

Ávila sostuvo que ese movimiento paramilitar, también busca trabar el proceso de restitución de tierras a desplazados que adelanta el Gobierno, y afirmó que este grupo desconocido palnea expandir sus operaciones a los departamentos de La Guajira y Magdalena.

Para Ávila, lo más llamativo y preocupante es que la conformación de la nueva banda se buscan a desmovilizado del Bloque Norte de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Al respecto, indicó que en dos encuentros sostenidos por los terratenientes y la clase política de Cesar ya se presentaron 150 hombres dispuestos a retomar las armas y sembrar el terror en la región.

También aseguró que el grupo paramilitar iniciaría sus operaciones en marzo próximo, por lo que llamó al gobierno y a las autoridades actuar inmediatamente frente a esta situación.

El gobierno colombiano pretende a través de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras reparar a los afectados por el conflicto armado interno y restituir a los desplazados más de dos millones de hectáreas de tierras, usurpas por la violencia.

No obstante, más allá de la letra, su aplicación se vislumbra tortuosa y sangrienta, pues desde su aprobación y sanción presidencial, una veintena de personas que reclamaron esos derechos fueron asesinadas y otras amenazadas de muerte.