En cumplimiento a su compromiso con las víctimas del conflicto armado, el Ministerio de Justicia y del Derecho, acompañó la instalación del Comité Distrital de Justicia Transicional, en Bogotá, espacio encargado de desarrollar los planes de atención y reparación integral a las víctimas radicadas y registradas en la capital de país.
Miguel Samper Strouss, Director de Justicia Transicional de este Ministerio, sostuvo que «si nosotros quisiéramos transitar en algún momento un puente hacia la paz sobre la base de no reconocerles los derechos a las víctimas estaríamos fundando ese puente sobre un barril de pólvora que podría estallar en el resurgimiento de la guerra».
Samper Strouss señaló que en ello radica la importancia de que el Distrito Capital tenga su Comité de Justicia Transicional.»Porque las claves para implementar la Ley de Víctimas son tres: proporcionar seguridad, lo cual se materializa a través de estos comités en las regiones; articular los esfuerzos entre la Nación y el territorio, y empoderar a las víctimas y a la sociedad civil, rodear a las víctimas en este esfuerzo que emprende no sólo el Estado sino toda la sociedad civil», agregó el alto funcionario.
Entre tanto, Ana Teresa Bernal, Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, de Bogotá, sostuvo que el esfuerzo de esta administración estará enfocado a la redignificación de las víctimas.
A la fecha, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha instalado 17 comités departamentales de Justicia Transicional convencido de que el éxito en la implementación de la Ley de Víctimas está en su regionalización y en el compromiso de las entidades territoriales.
De igual forma, apostando a la correcta implementación de esta Ley y a los espacios articulados para garantizar la atención eficiente a las víctimas, hicieron presencia en este acto, representantes de la cooperación internacional, del sistema de Naciones Unidas, organizaciones de Derechos Humanos, congresistas, y funcionarios gubernamentales.
Bogotá ha recibido en los últimos años 83.600 familias desplazadas lo que constituye una población de 325.904 personas en desarraigo. También ha expulsado familias por consecuencia del conflicto armado interno: 1.372 hogares en total, es decir, 5.492 personas.
Entre la población secuestrada por los grupos armados organizados al margen de la ley, se encuentran todavía 111 bogotanos; y al 23 de septiembre de 2012 la capital del país arrojaba las cifras más altas de personas víctimas de desaparición forzada: 14.819 (8.888 hombres y 5.931 mujeres). Entre los 362.799 hechos confesados hasta el momento en el proceso de Justicia y Paz, el 12 % afecta a población bogotana (42. 055 hechos).
