La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta hoy la primera gran diligencia de ocupación de bienes con fines de extinción para favorecer a decenas de campesinos maltratados por estas organizaciones.

Se trata del embargo y secuestro de siete enromes fincas, cuya extensión supera las 10.200 hectáreas, ubicadas específicamente en los municipios de Mapiripán, El Dorado y San Martín, en el departamento del Meta, donde sus antiguos y nuevos administradores sembraron vastos cultivos de palma africana.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Unidad Élite de Persecución de Bienes para la Reparación de Víctimas, adscrita a la DIJIN de la Policía Nacional, dichos terrenos pertenecieron a Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, ex jefe de la banda criminal de Urabá y socio del desaparecido paramilitar Miguel Arroyave, asesinado el 12 de septiembre de 2004 por órdenes del extinto Pedro Oliveiro Guerrero Castillo, alias “Cuchillo”.

De hecho, y luego de percibir ganancias cercanas a los 20 mil millones de pesos anuales por extorsiones a ganaderos, más de 20 mil pesos por hectárea sembrada con palma y arroz en los Llanos Orientales y hasta 320 millones de pesos por laboratorio de droga en esa zona del país, “Don Mario” y Arroyave habrían decidido crear viveros especializados en el cultivo de palma africana para beneficiar a los entonces miembros del Bloque Centauros de las Autodefensas.

Sin embargo y como consecuencia del crimen orquestado por “Cuchillo”, Daniel Rendón Herrera abandonó la región, quedando estas propiedades bajo el control y dominio de Diego Rivas Ángel, inicialmente cercano a “Don Mario” y posteriormente aliado del considerado “asesino de asesinos”. En 2008, Rivas Ángel fue vinculado a la investigación adelantada en el marco de la Operación “Pegaso” contra las estructuras de alias “Don Mario”, puntualmente por los delitos de financiación al terrorismo y concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

Las pesquisas previas a los procedimientos realizados el día de hoy, permitieron establecer que como depositarias de las mencionadas fincas, aparecen dos empresas identificadas como Sociedad Agropecuaria Villa Diana Ltda y Fundación Libertad Económica para Colombia, éste última representada legalmente por el mismo Diego Rivas Ángel.

Los predios, cuya expropiación fue ordenada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el pasado 24 de Febrero, están valorados en más de 24 mil 500 millones de pesos.