El Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra, expuso ante magistrados de la Corte Constitucional las acciones adoptadas por el Gobierno Nacional para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación a los cuales pueden acceder todos y cada uno de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Durante la sesión técnica convocada por esta Corte para hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas por este Tribunal en la Sentencia T-1025 de 2007, con relación a la garantía de los derechos de la mencionada comunidad, el jefe de la cartera de justicia indicó que nos son pocos los instrumentos de justicia transicional que han sido desarrollados para garantizar los derechos reclamados.

“Por el lado del Ministerio de Justicia hemos ofrecido todo el apoyo necesario para que por el camino de los instrumentos de justicia transicional contenidos en la Ley de Justicia y Paz, en la Ley de Desmovilizados y en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se pueda tanto individual como colectivamente, por parte de los miembros de esta comunidad, conseguir respuesta a sus requerimientos”, aseguró el funcionario.

El Ministro Esguerra agregó que el Gobierno ha liderado el diseño y aplicación de mecanismos normativos tendientes a desentrañar los patrones criminales de los grupos armados al margen de la ley, así como a investigar y juzgar a los responsables de los crímenes más graves.

Con ello, se garantiza un recurso efectivo a las víctimas dentro de la integralidad del modelo de justicia de transición que propende por materializar también los derechos a la verdad, a la reparación y a la no repetición de los hechos atroces; y que busca tender un puente hacia la reconciliación nacional y, eventualmente, a la paz duradera y estable.

Por esta razón, el Ministro de Justicia pidió también que sean reconocidos los esfuerzos que ha hecho el Ejecutivo buscando proteger a esta comunidad del Urabá antioqueño.

“Ellos quieren que haya reparación, y por ese camino se consigue reparación; quieren que haya verdad, y por ese camino se consigue verdad. Nos falta todavía contar con algo más de buena voluntad de parte de ellos en el sentido der ver con benevolencia las tareas que ha cumplido el Gobierno para que realmente se reconozcan los esfuerzos enormes que se han hecho”, agregó el Ministro.

En conclusión, los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, a través de la política pública para víctimas de violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cuentan con mecanismos y recursos efectivos para materializar sus derechos. Es el Estado colombiano el que ahora pone a su disposición estas herramientas para emprender conjuntamente el camino de transición que el país tanto ha reclamado durante décadas de confrontación armada.