Ante un Juez de conocimiento de Bogotá, hoy se retoma el proceso judicial en contra de la exdirectora del IDU, Liliana Pardo por su responsabilidad en el llamado carrusel de contratos de Bogotá.

Contra la exfuncionaria, hay una investigación penal por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato por omisión y, en calidad de coautora, el delito de interés indebido en la celebración de contratos por el escándalo de la contratación en Bogotá.

Pardo, pidió una reparación económica de 725 millones de pesos por los fallos emitidos en el caso de las irregularidades del denominado carrusel de contratos de la capital de la República.

Por estos hechos, la Procuraduría la destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos. Además el Ministerio Público la suspendió por un periodo de 11 años por haber omitido sus funciones de vigilancia y control sobre sus subalternos y la revisión de los procesos de contratación celebrados entre los años 2007 y 2008.