Por las irregularidades en la creación del Registro Único Nacional del Transporte (Runt), la Contraloría General compulsó copias a la Fiscalía y la Procuraduría, para que investiguen al exministro de transporte Andrés Uriel Gallego.

El organismo de control decidió abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra el ministro teniendo en cuenta que las irregularidades habrían generado un detrimento patrimonial al Estado por 7.820 millones de pesos.

De acuerdo al contralor delegado para Infraestructura, Nelson Izaciga, en la investigación se pudo establecer que el contrato del RUNT arrancó sin lo básico de cualquier contrato estatal que es un acta de inicio.

“El acta de inicio es lo primero que tiene que ocurrir en una actividad contractual cualquiera que sea por parte del Estado. Pero para el RUNT fue autorizado directamente por el ministro de la época -Andrés Uriel Gallego- para que arrancara sin ese requisito”, dijo.

Según se conoció el ente de control halló por lo menos halló 49 anomalías en el RUNT, que van desde la falta de control en el manejo de la información sobre los trámites ante los organismos de tránsito, en la expedición de certificados a conductores hasta fallas en el sistema de huella digital con que se realizan las diligencias de tránsito.

El informe señala que por las fallas de interventorías e presenta un detrimento patrimonial de al menos mil millones de pesos.

Además, la Contraloría señala que el sistema utilizado en el RUNT es vulnerable ya que se presta para que los funcionarios del mismo concesionario pueden acceder a él fácilmente, lo que podría repercutir en casos de corrupción.

Además, encontró irregularidades en las escuelas de conducción y en los requisitos para el adecuado funcionamiento de los centros de reconocimiento de conductores.