En el marco del debate de control político adelantado en el Concejo de Bogotá, el contralor distrital, Diego Ardila Medina, sostuvo que en el nuevo modelo que la Secretaría de Educación Distrital (SED) eligió para contratar los refrigerios escolares, se pone en riesgo la calidad del servicio, ya que no se incluyeron cláusulas en materia contractual como la imposición de multas, interpretación y terminación unilateral y la caducidad del mismo, en caso de incumplimientos de los contratistas.
“En caso de faltas que pudieran presentarse con el desarrollo de los contratos, como gramaje en los alimentos inferior al pactado, deficiencias en los macronutrientes, alimentos vencidos, presencia de microorganismos o contaminación química en los alimentos, entre otros aspectos, solo se les podría aplicaría descuentos económicos y no habría sanciones puesto que no existen clausulas exorbitantes que blinden los contratos por incumplimientos graves” precisa.
De otro lado, Ardila Medina indicó que con relación al tratamiento del ahorro que se pretende dar a los cerca de 3.000 millones de pesos, se debe examinar cuáles son las posibles causas por las que el valor de referencia fijado en 34.602 millones de pesos por la SED, para esta primera rueda de negocios finalmente fuera de 31.627 millones de pesos.
Frente al tema del componente nutricional, la Contraloría de Bogotá en desarrollo de la auditoría que se viene adelantando, ha encontrado que al menos en lo que corresponde a los niños entre tercero y undécimo grado, “Por un control efectivo y transparente”.
se les está suministrando un refrigerio Tipo b que no corresponde al componente nutricional al que la SED se había comprometido, con una significativa disminución principalmente en lo relativo a kilocalorías, pues “Habiéndose revisado únicamente el componente de kilocalorías para los refrigerios de tipo b, el Ente de Control encontró que la SED solamente está cubriendo el 18% de las necesidades diarias de un niño y no el 30% como siempre lo ha venido anunciando”, afirmó Ardila.
Finalmente, otro de los puntos que están siendo objeto de investigación por parte del organismo fiscalizador, es que los contratistas ganadores de la rueda de negocios fueron los mismos, a los cuales en 2011, se le adjudicó el mismo suministro mediante licitación pública.
