El Alto Tribunal rechazó la respuesta de la Administración Distrital en la que manifestaba que no tenía competencia para formalizar y reubicar a los vendedores ambulantes del centro de la capital colombiana.

Entre los argumentos presentados por la Alcaldía están que el censo, la carnetización y la reubicación las ventas informales es obligación del Gobierno Nacional.

“El Distrito tiene la obligación de generar alternativas de trabajo formal a los vendedores de la calle”, indicó en el fallo emitido por el Consejo de Estado, en el que se ordena a la Administración de la capital implementar en menos de dos meses un sistema que permita reubicar a los venteros.

Por su parte, el tribunal de lo contencioso y administrativo ordenó el 24 de febrero, reubicar a los vendedores ambulantes del centro y suroccidente Bogotá, luego de que fuera interpuesta una acción popular en contra de la Secretaría de Gobierno Distrital, la Alcaldía local de La Candelaria, la Policía Metropolitana y la Defensoría del Espacio Público, reclamando la protección de los derechos colectivos al goce del espacio público.

La demanda explicaba que la ocupación ilegal de los vendedores ambulantes en la carrera séptima, desde el Palacio de Justicia hasta la calle 24, impide el paso de los transeúntes por las aceras, y señalaba además que “las autoridades no han realizado acciones efectivas para recuperar el espacio invadido”.