Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar al ministro de Transporte, Miguel Peñaloza, con el fin de determinar si habría incurrido en tráfico de influencias por los contratos que su familia suscribió con el Estado.

En la Procuraduría General de la Nación ya cursa una investigación contra el ministro Peñaloza, solicitada por él mismo. En su momento, el jefe de cartera señaló que la empresa de su familia no tiene contratos con el Ministerio de Transporte, ni con otra entidad estatal relacionada con su labor ministerial, por lo que no considera que haya inconveniente en que dicha compañía contrate con el Estado.

Y agregó que ha pensado en renunciar, “porque no tengo ningún interés de buscar problemas de ese estilo”, precisó Peñaloza. Sin embargo, advirtió que jurídica y legalmente no está inhabilitado, y por lo tanto continuará al frente del Ministerio del Transporte.

Peñaloza admitió que una empresa familiar tiene contratos con el Gobierno Nacional, pero subrayó que “no son millonarios” como lo afirma el columnista Daniel Coronel en la revista Semana y que muchos datan de varios años atrás, unos desde la administración del presidente Andrés Pastrana y otros del gobierno de Álvaro Uribe.

Además señaló que es su esposa la que maneja, “ella solita”, esos negocios y que personal ni profesionalmente tiene nada que ver con los mismos.

En los próximos días el fiscal del caso podría llamar al ministro para que rinda su versión de los hechos.