
Los rectores de los colegios, los secretarios de educación, los alcaldes y gobernadores de las zonas donde la Contraloría General encontró irregularidades en el número de alumnos inscritos al Sistema Educativo, deberán responder ante la Procuraduría General de la Nación.
“Son responsables el rector de cada institución educativa, el secretario de Educación y por supuesto, en última instancia, el responsable de la entidad territorial, que son: el alcalde del municipio o el gobernador del departamento donde se encontraron estos niños fantasma”, señaló la ministra de Educación, María Fernanda Campo.
Los funcionarios serían culpables de un presunto detrimento patrimonial de 265 mil millones de pesos, por concepto de dobles pagos de matrículas, pago por niños que desertaron y pago por los costos educativos de 262 estudiantes fallecidos.
La Contraloría halló irregularidades en 68 municipios del país, donde se encontraron inscritos 145 mil “estudiantes fantasma”, que aparecían matriculados, pero realmente no lo estaban.
De acuerdo con la Entidad, las ciudades con mayor número de casos son Santa Marta (48.126), Buenaventura (23.691), Ciénaga (16.897), Cali (10.410), Turbo (7.869), Chocó (6.086), Norte de Santander (5.196), Cartagena (4.487) y Sucre (3.458).
A mediados del 2012, el Gobierno Nacional realizó una auditoría a las instituciones educativas del país, en las que se descubrieron 130 mil “alumnos fantasma”, para los que el Ejecutivo destinó 250 mil millones de pesos.

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