La vocera de AnimaNaturalis Internacional para Colombia y autora del pacto animalista del Distrito, Andrea Padilla aseguró “con la decisión de no prestar la Santamaría para espectáculos alrededor del sufrimiento y la muerte de animales, el Gobierno acató la Sentencia de la Corte; no prohibió las corridas de toros”.

De acuerdo con Padilla, “la Corte tendrá que hacer pedagogía para evitar que grupos de interés tergiversen ante la opinión pública el contenido de las dos sentencias, la 666 y la de ayer.”

La líder animalista señaló que “la Corte debe explicar, en el caso de las otras ciudades ¿quién tendrá la autoridad para exigir a los empresarios taurinos la adecuación de su espectáculo a la Sentencia 666 si ya no son los alcaldes? y ¿cómo habrán de proceder los gobiernos municipales cuando los empresarios taurinos no estén dispuestos a acatar las disposiciones de dicha Sentencia?”.

En 2010 la Corte resolvió que las corridas de toros y otros espectáculos con animales podrían seguirse realizando pero acatando cinco condiciones, entre ellas, eliminar o morigerar las conductas crueles contra los animales (Sentencia C-666 de 2010).

Tras la negativa de los taurinos a adecuar su negocio a esta condición mandatada por el alto tribunal, el Gobierno Distrital procedió legalmente suspendiendo el contrato de mandato entre el IDRD y la Corporación Taurina sobre el uso de la Santamaría. La razón es simple y fue enunciada por Petro en su momento: “Como el mandante (el Distrito) dijo que las corridas dejarán de tener actos de crueldad, incluida la muerte del toro, y la Corporación Taurina (el mandatario) no hizo caso, pues habrá un cambio”. El cambio fue la suspensión del contrato para usufructuar un bien público que por ningún motivo debe estar destinado al maltrato de animales.