La Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa Palacio lamentó públicamente las irregularidades presentadas durante el proceso judicial que se llevó contra Alba Lucía Rodríguez Cardona, donde fue condenada a 42 años y 10 meses de prisión como responsable de la muerte de su hijo recién nacido.

Correa expresó el compromiso del Gobierno con la adopción de medidas necesarias para evitar que este tipo de hechos se repitan en el futuro.

Durante su intervención en la plaza central del municipio de Abejorral, la Titular de la Cartera señaló que «el Gobierno es consciente de que este acto de reconocimiento de responsabilidad internacional no borrará los hechos sucedidos; no obstante, estamos seguros de que contribuye decididamente a la reparación integral y a la reconstrucción de su proyecto de vida. Por eso, reconoce que si bien existieron actuaciones tendientes a rectificar las violaciones a sus derechos, Alba Lucía fue privada de la libertad durante más de cinco años de forma injustificada».

De igual forma, reconoció ante Alba Lucía, sus familiares, la comunidad internacional y nacional, la responsabilidad internacional que cabe al Estado por violación a los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, protección a la honra y dignidad, igualdad ante la ley y protección judicial reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como también la obligación general de respetar los derechos del mismo instrumento.

Agregó que «reconozco también responsabilidad por la vulneración de los derechos contenidos en literales a.b.f y g del artículo 7 de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belén Do Pará»

Al mismo tiempo insistió en que» el Estado colombiano, por mi conducto, ofrece las más sentidas disculpas, por todos los actos y omisiones que jamás debieron ocurrir y que dieron como resultado la violación de estos derechos en contra de Alba Lucía Rodríguez Cardona».

Llamó la atención en que «Alba Lucía y todos los ciudadanos colombianos tenemos derecho a una justicia rápida, pronta y eficaz. Es y debe ser compromiso de todas y todos, de los funcionarios, servidores y servidoras públicos, pero también de la sociedad, evitar que hechos como los que se presentaron se repitan»

Reiteró que «esperamos que este espacio nos permita forjar un camino para restablecer su confianza en las instituciones y la sociedad. Instituciones que se encuentran trabajando constante e incesantemente por un país en paz, un país sin violencia, un país donde se materialicen todos y cada uno de los derechos intrínsecos al ser humano»