La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Nación por el bombardeo al municipio de Santo Domingo (Arauca) en 1998, cuando el Ejército atacó con bombas la mencionada población, causando la muerte de 17 campesinos y dejando 27 heridos.

De acuerdo con la CIDH señaló en su fallo que «el lanzamiento de un dispositivo cluster, compuesto por seis granadas o bombas de fragmentación», en hechos acaecidos el 13 de diciembre de 1998, constituyó una violación al derecho a la vida, a la integridad física y un acto contrario al Derecho Internacional Humanitario.

La sentencia señala que «los pobladores de Santo Domingo tuvieron que abandonar sus residencias y pudieron regresar hasta enero de 1999», y agrega que «el Estado era responsable por la violación del derecho a la integridad personal, en perjuicio de los familiares de las víctimas de los hechos, y que la situación de desplazamiento forzado interno que enfrentaron las víctimas heridas y sus familiares fue consecuencia de la explosión».

Según el tribunal, durante el proceso no se demostró que el Estado colombiano «no hubiera llevado a cabo una investigación seria, diligente, exhaustiva y en un plazo razonable», como argumentaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

«Por el contrario, la Corte constató y estableció que los mecanismos y procedimientos internos habían coadyuvado en el esclarecimiento de la verdad», señala el texto.

La sentencia no incluye indemnizaciones para las víctimas y sus familiares debido a que cada caso ya fue juzgado en Colombia, donde ya se establecieron estas medidas de reparación.

Sin embargo, la CorteIDH ordenó a Colombia realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos.